Informe 18 DA en castellano

XVIII Visita Asturiana de Verificación del estado de los Derechos Humanos y la Paz en Colombia

Visita realizada entre el 3 y el 15 de marzo del 2022


Los diez y siete informes de otros tantos años de observación de los derechos humanos que presenta hoy la Delegación Asturiana ante la JEP son muy valiosos. Es información útil, recogida con método durante muchos años. Esos informes, que agradecemos junto con el apoyo de Asturias a la paz y a la JEP, serán revisados por nuestro grupo de análisis para los fines pertinentes”. Magistrado Eduardo Cifuentes, Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Acto de aporte a la verdad por parte de la XVIII Delegación Asturiana a la JEP. Bogotá, 14 de marzo/22

Durante el paro nacional de 2021, Colombia fue testigo de manifestaciones multitudinarias en todo el país. Las protestas visibilizaron las reivindicaciones históricas de las poblaciones marginadas del país. La desigualdad, el racismo, la violencia y las consecuencias del conflicto armado interno fueron causas estructurales clave de la explosión social.” Amnistía Internacional


El asesinato de miles de personas de la dirigencia social colombiana es una acción sistemática que pretende eliminar las organizaciones sociales independientes de los centros de poder y paralizar por miedo a las comunidades marginadas. Estas personas son perseguidas por impulsar acciones legítimas de construcción del tejido social necesario para satisfacer derechos colectivos y necesidades básicas de las personas. Por el carácter de dirigentes sociales, por el alto número de víctimas, por la persistencia en el tiempo de las agresiones y por la presencia de los ataques en gran parte de las regiones del país, así como por otros patrones comunes en miles de agresiones y por la impunidad que las cobija, no son coincidencias, son actos planificados que constituyen crímenes de lesa humanidad a la luz del Artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Son ataques sistemáticos, no sólo persistentes, como los calificó el informe del año pasado de la OACNUD. XVIII Delegación Asturiana de DDHH .


http://www.pachakuti.org/IMG/pdf/28653_xviii_informe_colombia_castellano.pdf
INDICE

Presentación

Estado de los Acuerdos de La Habana y del proceso de Paz con las FARC

La Justicia Especial para la Paz, JEP
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas
Comisión de la Verdad
Reforma Rural Integral. Restitución de tierras
Capítulo étnico y de género

Situación con el ELN

Los Derechos Humanos en el 2021

1-. Ataques a la dirigencia social, persistencia del paramilitarismo
2-. Ejecuciones extrajudiciales y masacres
3-. Población en situación de desplazamiento.
4-. Personas privadas de la libertad. Tortura, trato cruel, inhumano o degradante
5-. Mujeres, infancia, juventud, víctimas, población LGBTI
6-. Impunidad
7-. Pueblos indígenas.
8-. Derechos Económicos, Sociales, Culturales, y Ambientales.

Conclusiones y recomendaciones

Instituciones y organizaciones entrevistadas

La XVIII Delegación Asturiana de Verificación del estado de los Derechos Humanos en Colombia estuvo integrada por:
1-. ANTONIO GOMEZ-REINO VARELA. Diputado en el Congreso de España por Coruña. Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea. Vicepresidente Primero de la Comisión de Asuntos Exteriores.

2-. RAFAEL ABELARDO PALACIOS GARCÍA. Diputado y portavoz del Grupo Político Podemos en la Junta General del Principado de Asturias.

3-. ESTHER MIRANDA ZAPATA. Asistente en el Congreso de Diputados de España del diputado Antón Gómez Reino

4-. EVELIA OLGA MUÑIZ MENÉNDEZ. Comisiones Obreras, CCOO Asturias.

5-. LUCIA NOSTI SIERRA. Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias.

6-. LUCIA GARCÍA JIMÉNEZ. Asamblea Moza d’Asturies, AMA.

7-. SOFIA MURIAS VARELA. Movimiento Asturiano por la Paz, MASPAZ

8-. MARIAN FERNANDEZ MARTIN. Red de Acogida de Refugiados de Leganés/Madrid.

9-. MAYÚS RAMOS ALVAREZ. Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias.

10-. SUSANA CLAVIJO NUÑEZ. Ingeniería Sin Fronteras.

11-. CARLOS MEANA SUÁREZ. Soldepaz Pachakuti.

12-. JAVIER ARJONA MUÑOZ. Soldepaz Pachakuti.

13-. JAVIER OROZCO PEÑARANDA. Director del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia. Coordinador Técnico de la Delegación Asturiana.

Territorios recorridos

Chocó, Bajo Atrato: comunidad Jagual del pueblo indígena embera dóbida del río Chintadó
Antioquia: Urabá, Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Córdoba: Tierralta y Montería
Sucre: Sincelejo, Ovejas – finca La Europa, comunidades de San Onofre y Montes de María
Norte de Santander, región del Catatumbo: Tibú, y territorios del pueblo indígena barí. En Cúcuta la Universidad Francisco de Paula Santander.
Arauca: las ciudades de Arauca y Saravena.
Caquetá: Florencia
Cauca: la Bota Caucana, Piamonte y Villagarzón – Putumayo.


Presentación

Colombia: exterminio sistemático e impune de la dirigencia social, incumplimiento del Acuerdo de Paz, corrupción, narcotráfico y un nuevo ciclo de violencia.

La Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz lleva 18 años -sin interrupción- viajando desde Asturias, en el norte español, a diversas regiones de Colombia, para establecer el estado de los de los derechos humanos en zonas de conflicto social y armado, y en los últimos cinco años, para acompañar los anhelos legítimos de paz y justicia social de una población cansada de la inequidad agravada por el modelo económico neoliberal y por la guerra interminable.

Cada vez hay más certezas que indican que la continuidad del conflicto armado sirve al propósito de desplazar a la población indígena, campesina y negra de sus territorios, para imponer proyectos de inversión de las multinacionales -incluidas la del narcotráfico-, las mineras, las hidroeléctricas y la agroindustria, y es útil a quienes viven de la guerra, usurpan tierras y eliminan derechos económicos, sociales, laborales y culturales.

Asturias lleva 22 años acogiendo a personas de la dirigencia social amenazadas de muerte o que han sobrevivido a atentados. Este año acogeremos en refugio temporal a cinco personas más y habremos llegado a 134, convirtiendo al Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia en el decano de los programas de protección en España, por el número de personas acogidas, por tantos años de esfuerzo solidario, y por la visita anual que ha observado de manera sistemática el estado de los derechos humanos en las últimas dos décadas.

Los diez y siete Informes Asturianos sobre los derechos humanos en Colombia fueron entregados en un acto especial el 14 de marzo/22 a la Jurisdicción Especial de Paz, como un aporte de la solidaridad internacional a la búsqueda de la verdad y de la justicia para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, y los documentos de 21 años de exilio asturiano fueron entregados a la Comisión de la Verdad, para que entren a formar parte de la historia colombiana.

Estamos orgullosas del camino de solidaridad andado. La dirigencia social colombiana lo merece.

Conocemos el sacrificio y el valor que se requieren para representar a pueblos, trabajadores y comunidades cuando el gobierno no puede -o no quiere- garantizar esa labor legítima, o cuando se usa la justicia para perseguirles mientras la impunidad protege a miembros de la fuerza pública que cooperan con los victimarios para exterminar a la dirigencia social y acabar con las organizaciones y los procesos sociales, propósitos que también destruyen el Estado de Derecho, pues el mundo está dándose cuenta de que la Fiscalía General no investiga a quienes ejecutan los ataques individuales o colectivos, las amenazas de muerte, los desplazamientos y las desapariciones forzadas, o el asesinato selectivo de centenares de líderes sociales, crímenes que tienen elementos de sistematicidad.

De tantos años recibiendo gentes colombianas en Asturias y oyendo el testimonio de la dirigencia social y de las víctimas en las visitas a Colombia, hemos aprendido de su valor y de su tenacidad.

Admiramos su dignidad, su capacidad de perdonar y de seguir organizadas, resolviendo muchas veces mediante la autogestión comunitaria la ausencia del Estado que sólo hace presencia con la fuerza pública, tan señalada de estar contaminada como temida por las víctimas en las regiones que visitamos y a las que aún no llega la modernidad, entendida como derechos y libertades efectivas, mucho menos ha llegado la paz, o la justicia social.

¿Qué pasa en Colombia y por qué es importante ir a constatarlo?

Como integrante de la Misión de Observación Electoral (MOE) organizada por el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia (PAV), tuve la oportunidad de participar en diversos encuentros con instituciones como la Embajada española en Colombia, organismos internacionales como la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, y organismos derivados de los Acuerdos de Paz como la Jurisdicción Especial para la Paz.

También pude reunirme con candidatos a las cámaras legislativas y con representantes de organizaciones de la sociedad civil colombiana o procesos organizativos como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Esta variedad de testimonios y actores, con la particular cercanía que promueve la presencialidad, es algo que solo una Misión de Observación puede lograr y que nos ha permitido constatar en primera persona la profunda complejidad de la realidad colombiana y de su proceso electoral.

Dos conclusiones fundamentales:

1. El recrudecimiento de la violencia amenaza la implementación de los Acuerdos de Paz Colombia sufre desde hace años un recrudecimiento de la violencia –estructural– que pareció poner un importante punto y aparte con los Acuerdos de la Habana en 2016, pero que sin embargo están encontrando numerosos obstáculos para el establecimiento de la Justicia y la Paz. A las cifras alarmantes de persecución y asesinatos a exguerrilleros se añaden los testimonios sobre el aumento del control territorial de nuevos grupos armados no estatales y grupos criminales, cuyos efectos son devastadores para las comunidades campesinas y étnicas, particularmente las mujeres, con casos de desplazamientos y reclutamiento forzosos, violencia sexual, confinamientos, desmembramiento de cuerpos y masacres. A ello se suman los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos, con más del 50% de asesinatos de personas defensoras del mundo registradas en 2020 ocurriendo en Colombia (Front Line Defenders). Algunos de ellos incluso han proferido amenazas contra diversos candidatos y candidatas legislativas y presidenciales como Francia Marquez, candidata a laVicepresidencia por el Pacto Histórico. Algunos victimarios, incluso, han terminado ocupando un escaño como representantes por la circunscripción de Paz. Teniendo en cuenta que se cumplirá el primer tercio del periodo total de implementación de los Acuerdos de Paz y que las bases para la transición hacia el postconflicto se dan en los primeros años, es necesario reconocer los avances logrados pero también que el ritmo de implementación es todavía muy lento y que queda mucho trabajo para lograr superar las causas estructurales del conflicto. Se necesitan mayores avances –y recursos– en cuestiones esenciales como la Reforma Rural Integral y sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícitos, la Justicia Transicional, la participación política o el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, al tiempo que se refuerzan los ritmos de implementación de los enfoques de género y étnico. Por todo ello, es indispensable seguir monitorizando la situación y apoyando misiones de observación de los derechos humanos como esta .

2. La complejidad y las irregularidades constatadas del proceso electoral nos emplazan a extremar la atención internacional el próximo 29 de mayo Este año Colombia se enfrenta a un ciclo electoral en el que los resultados de las elecciones del 13 de marzo han dado lugar a una diferente configuración del poder legislativo y en el que tanto los sondeos como el humor político y social colombiano apuntan a un potencial cambio de rumbo institucional. Tras cuatro años de gobierno de Iván Duque puede decirse que Colombia atraviesa también una profunda crisis política, económica y social que ha agravado los niveles de violencia y desigualdad de manera alarmante, al tiempo que la crisis derivada de la Covid-19 ha golpeado duramente a uno de los países con mayor inequidad de ingresos e informalidad en el mercado laboral de Latinoamérica. Como punta de lanza de su gestión, un intento de reforma tributaria del Gobierno que encontró la oposición de amplios sectores de la población, movilizada en el marco de un Paro Nacional que ha durado meses y que fue duramente reprimido. Todo ello ha llevado al Centro Democrático a mínimos de popularidad, con altísimos niveles de desaprobación hacia Duque y de desafección generalizada. Es en este contexto en el que se dieron las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, en el que el Pacto Histórico alcanzó resultados inéditos en las cámaras –ubicándose como una de las primeras fuerzas en ambas– y en la consulta presidencial, siendo Gustavo Petro el candidato a la presidencia más votado, con casi cuatro millones y medio de votos, y Francia Marquez, candidata a la vicepresidencia, la tercera política más votada, con 757.000 votos. El día de la jornada electoral pudimos constatar la profunda complejidad del proceso electoral, las dificultades para el ejercicio pleno y con garantías del derecho al voto, y las irregularidades posteriores en relación con el robo de una ingente cantidad de votos a la candidatura del Pacto Histórico que posteriormente ha recuperado varios curules. Si como indican los sondeos Gustavo Petro y Francia Márquez se consolidan como los principales rivales a batir en las próximas elecciones presidenciales, y con ellos se abre la oportunidad de que la izquierda transformadora llegue por primera vez al gobierno de la República, es evidente que el 29 de mayo –y posiblemente el 19 de junio– serán días determinantes y que la comunidad internacional deberá volcar su atención para contribuir a que el proceso tenga lugar con todas las garantías democráticas, especialmente en los territorios rurales, donde ya pudimos constatar las numerosas vulneraciones de los derechos humanos y dificultades para el ejercicio efectivo del derecho al voto. Por todo ello es más importante si cabe garantizar la presencia y la continuidad de las Misiones de Observación Electoral.

Antón Gómez-Reino. Diputado de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en común. Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores


Colombia, graves vulneraciones de los derechos humanos

La grave situación de vulneración de los derechos humanos en Colombia ha sido certificada por diferentes organismos internacionales, entre ellos Amnistía Internacional, que denunció en su informe de 2021/2022 el aumento de crímenes relacionados con el conflicto armado, el desplazamiento forzoso de, al menos, 100.000 personas, y las detenciones arbitrarias y torturas de la policía en el marco del Paro Nacional. Dicho informe alerta de que “los homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos y las amenazas dirigidas contra estas personas alcanzaron niveles alarmantes”.

Es fundamental considerar la situación de las personas colombianas exiliadas por motivos de persecución política. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) entre los años 2000 y 2012 cerca de 400.000 colombianos y colombianas se vieron forzados a huir de su país, pero las autoridades del país solo reconocen, de momento, a 50.000 víctimas de ese delito.

En el caso de las personas colombianas que solicitan asilo en el Estado español, se debe destacar el significativo incremento de las peticiones a raíz de la firma de los acuerdos de paz. De 97 solicitudes de asilo en 2014 pasó a 29.363 en 2019. En 2021 se mantiene el alto número de peticiones, con 19.836. Este incremento, sin embargo, no ha alterado de manera significativa la secular política de rechazo masivo por parte de los sucesivos gobiernos españoles: solo en 2021 se denegaron 18.614 solicitudes, el 93,8% del total, un porcentaje similar al de años anteriores. El Gobierno español argumenta en la mayoría de sus rechazos que Colombia cuenta con un sistema de protección, asistencia y reparación integral de las víctimas suficiente, con lo que no se acreditaría un temor fundado de persecución.

Sin embargo, según un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz, al menos 276 excombatientes de la guerrilla que se acogieron al programa de reinserción en la vida civil y casi 1.000 líderes sociales fueron asesinados desde 2016. La Campaña Defender la Libertad, participada por varias ONG, denunció que 3.275 personas fueron detenidas arbitrariamente durante las manifestaciones que tuvieron lugar entre el 28 de abril y el 30 de junio, constatando, además, situaciones de tortura, vejaciones y desapariciones forzadas en el marco del Paro Nacional. Se documentan, igualmente, constantes violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, así como violencia por motivos de género, derechos sexuales y reproductivos. Habida cuenta de esta situación, resulta imprescindible que la comunidad internacional asuma sus responsabilidades, tanto en la verificación y observación de los procesos electorales, como en la protección y cobertura de todas las personas susceptibles de sufrir violencia política.

No solo los gobiernos deben implicarse en este cometido, sino que la presencia de representantes políticos, sindicales y del tejido asociativo en Colombia contribuye de manera decisiva a reforzar las redes de monitorización, mecanismos de denuncia y estructuras de protección de los derechos humanos.

Expresamos el firme compromiso de Podemos Asturies con el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en Colombia, que en sus más de 20 años de existencia ha dado protección a más de 120 personas perseguidas y amenazadas de muerte en Colombia por su defensa de los derechos humanos, y la voluntad de seguir apoyando y participando en la misiones de la Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia, que ha realizado visitas al país de forma ininterrumpida desde el año 2005.

Para terminar, quiero recordar a Luciano Romero Molina y a Henry Ramírez Daza, que estuvieron acogidos en Asturies dentro del Programa y que fueron vilmente asesinados a su regreso a Colombia.

Rafael Abelardo Palacios García, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Asturies en la Xunta Xeneral y miembro del Grupo Interparlamentario por la Paz en Colombia

Estado de los Acuerdos y del proceso de Paz con las FARC

En noviembre del 2016 el Estado colombiano firmó con las FARC-EP el Acuerdo de Paz. Desde el comienzo de su gobierno el presidente IVAN DUQUE se mostró crítico y poco dispuesto a cumplirlo.

A los cinco años de su firma hay avances, como la desmovilización de las FARC, la creación del partido político Comunes, la creación de 16 circunscripciones especiales en la Cámara de Representantes para las víctimas del conflicto armado interno, la creación de la Jurisdicción Especial de Paz y de la Comisión de la verdad.

Sin embargo, continúan las agresiones contra las personas que firmaron la paz y contra sus familias. En el 2021 fueron asesinadas 48 personas que firmaron la paz de las cuales cuatro eran mujeres. Estos crímenes ocurrieron en 39 municipios de 15 departamentos. En total han sido asesinadas 305 personas firmantes del Acuerdo de Paz en los últimos cinco años.
Los ataques no se responden desde el gobierno con medidas de protección efectivas, ni la fiscalía muestra diligencia en esclarecer estos crímenes.
La Corte Constitucional decretó como ‘estado de cosas inconstitucional’ y violatoria de los derechos fundamentales de estas personas a las que se les está violando derechos como el derecho «a la vida, a la integridad personal y a la paz”, reclamados por los firmantes por las vías judiciales ante la desidia del gobierno y de la Unidad Nacional de Protección.
Para el senador e integrante del partido Comunes y firmante de la paz Rodrigo Granda “Es lo que hemos venido diciendo de tiempo atrás, que aquí hay una simulación del cumplimiento del acuerdo de paz, que no tenemos plenas garantías ni para el ejercicio de la política, ni para una reincorporación en un sentido menos traumático”.1
Las elecciones en las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz, CETREP, contempladas en el Acuerdo, estuvieron marcadas por el desconocimiento de las víctimas, la usurpación por candidatos de los partidos tradicionales de las curules de las víctimas y por el control armado sobre los votantes en muchas zonas rurales del país.

No hubo seguridad para las candidaturas de las víctimas ni de sus votantes. Los aportes del gobierno para la campaña política no llegaron a tiempo. Las candidaturas auténticas de las víctimas quedaron en franca desventaja frente a los candidatos de los partidos tradicionales bien financiados, como la del hijo de alias Jorge 40 en el Cesar que revictimiza a millones de personas.

Las libertades políticas en esas regiones están en manos de paramilitares, insurgencias y bandas que ejercen control social y político, sin embargo, en otra prueba más de valor, la población, logró expresarse electoralmente lo suficiente como para insistir en las demandas de paz, libertades, respeto por los derechos humanos, inversión del Estado.

Las anomalías graves en la postulación a curules de paz han sido continuas en Chocó, Córdoba y Sucre, y al tenor de los resultados del domingo, certeras. Hubo amenazas de muerte y cooptación de candidatos por victimarios y partidos tradicionales. Las autoridades del pueblo indígena zenú de Flor del Monte han sido declaradas objetivo militar por avalar una candidatura.

Las víctimas no conocen las CETREP, faltó pedagogía. CARMEN GARCIA, presidenta de Madres del Catatumbo, tuvo que renunciar a ser candidata de las porque la amenazaron de muerte si seguía haciendo campaña política.
“El proceso electoral que se adelanta en nuestro país en medio de una alta polarización en nuestro territorio se ha visto afectado por acciones tales como: prohibición en algunas zonas rurales de proselitismo político a candidatos alternativos al partido de gobierno, amenazas a líderes políticos (militantes del Pacto Histórico), impedimento para ejercer el derecho al voto el de 29 de mayo, el veto a reuniones de organizaciones sociales y defensores de Derechos Humanos.”2

La Justicia Especial para la Paz, JEP

La JEP se ha convertido en una esperanza para las víctimas de alcanzar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Asturias ha apoyado a la JEP ante los actos hostiles del gobierno para desmontarla o paralizarla y entregó a través de la XVIII Delegación, el 14 de marzo de este año, los 17 Informes de otras tantas visitas a las zonas en conflicto social y armado, como un aporte a la búsqueda de la verdad en la que están las 328.071 víctimas acreditadas. quienes esperan de las 13.200 personas comparecientes, entre civiles, militares, exguerrilleros y paramilitares, que cuenten la verdad de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado interno.

Muy importantes son sus avances en los casos de “toma de rehenes y graves privaciones de la libertad (macrocaso 001) y sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado o “falsos positivos” (macrocaso 003), así como la priorización del macrocaso 007 sobre reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado.”3

Son esperanzadores los anuncios de que se abrirán nuevos casos sobre otros delitos como el desplazamiento forzado, la desaparición forzada de personas, la violencia sexual y los ataques contra pueblos indígenas y comunidades negras en algunos territorios.

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas

La UNBD sigue reportando avances en la búsqueda de personas desaparecidas a pesar de las dificultades que tiene para acceder a información institucional.

Las estrategias de la UBPD en 35 regiones en la búsqueda de 31.061 personas desaparecidas, que incluye la colaboración en la búsqueda por pate de las organizaciones sociales, ha logrado recuperar 358 cuerpos y avanzar en el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas con la información de 4.373 lugares de disposición de cuerpos.

En el territorio del pueblo indígena barí, según las denuncias que recibió la Delegación Asturiana, hay varias fosas comunes que no han sido registradas.

La desaparición forzada de personas continúa. “Denunciamos la desaparición forzada de RODOLFO GALVIS, en septiembre del 2021. Es presidente de la cooperativa Semilleros de Paz y es un líder por la restitución de las tierras bajas de Tibú. Estaba enfrentado con una empresa palmera. La UNP le asignó un esquema muy precario de seguridad que él devolvió.”4


Comisión de la Verdad

La Comisión de la Verdad prepara su informe final.

Es el trabajo de tres años en 25 espacios de reconocimiento y en los que se escucharon 27.290 personas. Un esfuerzo importante en el camino de la no repetición, a pesar de las trabas, las descalificaciones y las dificultades para acceder a información institucional.

El Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia entregó -en un acto especial en la JEP el 14 de marzo del 2022- los archivos de 21 años del exilio colombiano en Asturias. Son publicaciones como la Revista Woumain–Nuestra Tierra, artículos, denuncias, testimonios y memorias que ilustran la realidad de quienes han tenido que salir del país para salvar la vida.

La Comisión de la Verdad formulará recomendaciones que debieran promover cambios institucionales a los que les hará seguimiento una comisión.

Reforma Rural Integral

Uno de los problemas estructurales de Colombia es la alta concentración de la propiedad de la tierra en manos de los latifundistas, y la falta de títulos de propiedad de las tierras baldías ocupadas desde hace décadas por familias campesinas, lo que les hace vulnerables al despojo con violencia y los excluye de programas de apoyo.

Esta situación genera violencia y atraso social y económico. La mayoría de los conflictos –incluido el armado- tienen su origen en el acaparamiento violento de las tierras y no encuentran solución por la ausencia de programas de reforma agraria, de jurisdicción agraria y de apoyo a la economía campesina que, a pesar de su marginalidad y desprotección, es la fuente de la seguridad alimentaria del país.

La titulación en propiedad de las tierras ocupadas por familias campesinas y la protección del medio ambiente contempladas en el Acuerdo de paz, no avanzan. No son la línea prioritaria del gobierno, que ha puesto otro obstáculo: el concepto del Ministerio de Defensa que debe certificar condiciones de seguridad de una región como requisito previo a las acciones de titulación o de restitución de tierras en beneficio del campesinado, requisito que no contemplan para autorizar las exploraciones y explotaciones de las multinacionales mineras.
predios al Fondo de Tierras para el reparto entre las familias campesinas que no la poseen, y los bajos resultados en el saneamiento y ampliación de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y los territorios colectivos de las comunidades negras.

Según la Procuraduría General, en el caso de las comunidades negras de 329 solicitudes de titulación colectiva se expidieron 21, y en el caso de pueblos indígenas de 680 demandas
de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos se avanzó en 50 procesos.

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, sólo están en el papel en el caso de las regiones en las llamadas hojas de ruta municipales, sin que estén asegurados los enfoques étnicos y de género, ni la participación de las organizaciones campesinas, indígenas y negras.

El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, ha fracasado hasta la fecha porque el gobierno engañó a miles de familias campesinas que erradicaron de manera voluntaria los cultivos de coca, pero no recibieron los recursos para los proyectos productivos de largo plazo que debían reemplazarla.

Hay un crecimiento del área sembrada en cultivos de uso ilícito y un recrudecimiento de la corrupción y de las violencias asociadas.

En la zona del Catatumbo, en las veredas La Pista, kilómetro 15, Río de Oro, Brisas de la Frontera, hay problemas entre el ejército y los campesinos. “No defendemos la coca, sino el derecho a comer y si vienen a erradicarla sin traer soluciones de proyectos productivos habrá más problemas y hasta muertos, porque estamos dispuestos a hacernos matar si es necesario.”5

Restitución de tierras

El derecho a la restitución de las tierras despojadas no es efectivo en amplias regiones del país en las que el poder de los despojadores y la falta de voluntad del gobierno la mantienen inoperativa, como son los territorios del Catatumbo, Bajo Cauca y Sur de Bolívar, Nariño, Chocó y regiones del Suroriente.

En otras zonas como la de Urabá, la fuerza pública sigue negándose a escoltar las comisiones de funcionarios encargados de cumplir las órdenes de jueces de la República de hacer la restitución material de las tierras usurpadas con violencia a sus legítimos propietarios campesinos.

La prórroga en el 2021 de la vigencia de la Ley de Víctimas y de la restitución de tierras por diez años más, ofrece la oportunidad de que se haga efectivo ese derecho de las víctimas en tales zonas.

Las cifras de resultados al 10 de diciembre del 2022 publicadas por la ONU, hablan de que hay 6.528 sentencias judiciales de restitución de tierras y 21 para pueblos étnicos que suman cerca de 481.000 hectáreas restituidas, beneficiando a 17.229 mujeres y 17.186 hombres.

Preocupan las altas cifras de agresiones que revictimizan a las personas que exigen la restitución de sus tierras. Hasta el 2021 hay registros de que al menos 51 personas reclamantes han sido asesinadas.

También fueron víctimas de asesinato cuatro personas de una comisión desplegada por la URT en una zona rural del departamento del Meta entre los municipios de Mesetas y Uribe, compuesta por una funcionaria, dos hermanas reclamantes y el conductor, quienes desaparecieron desde el 27 de mayo del 2021. Sus cuerpos fueron encontrados en una fosa común.6

Las comunidades en las zonas en las que no opera la URT y en otras en las que hay conflicto armado, temen ser despojadas de sus tierras.
Capítulo étnico y de género

El primer Informe de seguimiento, impulso y verificación a la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera7

En la negociación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz participaron las organizaciones indígenas y de mujeres. Las partes acordaron unas salvaguardas que están siendo violadas por el Estado-gobierno colombiano: respetar el carácter principal y no subsidiario de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de planes y proyectos de inversión en territorios indígenas y negros; el Incorporar el enfoque transversal étnico, de género, mujer, familia y generación; el respeto de la objeción cultural como garantía de no repetición, y el compromiso de que la implementación del Acuerdo en ningún caso afectaría derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades negras.

Tampoco se está respetando el compromiso de aplicar durante quince años desde la firma del Acuerdo, el enfoque de género de manera transversal para eliminar las desigualdades económicas, sociales y políticas.

Los bajos resultados demuestran la falta de voluntad del gobierno para acelerar el ingreso de


Situación con el ELN

El gobierno de IVAN DUQUE abandonó la Mesa de Diálogos de La Habana con el ELN y escaló la confrontación con esta insurgencia en todo el país. A pocos meses del cambio del gobierno en Colombia no se ve interés en las partes por reanudar conversaciones.

Por la importancia que tiene la búsqueda legítima de alcanzar la paz, desde Asturias se convocó a un Encuentro en el que quedaran claras las posturas de las partes, por lo que se invitó a la embajada de Colombia en España a presentar sus puntos de vista y al ELN a hacer lo mismo.

El gobierno colombiano no compareció. El ELN envió el siguiente documento:

“Saludo de Aureliano Carbonell de la Delegación de Diálogos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) al Encuentro Internacional de sensibilización por la paz y los Derechos Humanos en Colombia, realizado este 5 y 6 de noviembre en Asturias, España.
El ELN sigue firmemente comprometido en la lucha por los diálogos, la búsqueda de la paz y los cambios en Colombia, esto lo reiteramos sin la menor ambigüedad; en febrero de 2017 en la ciudad de Quito, Ecuador, instalamos una Mesa de Conversaciones con el Gobierno colombiano, presidido en ese momento por Juan Manuel Santos, que se interrumpió y canceló definitivamente por Iván Duque desde el 7 de agosto de 2018.
En el proceso de diálogos y paz que se inició en Quito se tenía una Agenda, un diseño de cómo se desarrollaría el proceso, se logró un Cese Bilateral al Fuego de 101 días y hubo una primera expresión de organizaciones de la sociedad que plantearon de qué manera deberían participar, en un proceso de Conversaciones de paz y de Solución Política.
Incumplimiento del Acuerdo de Paz. En noviembre de 2016 se firmó un Acuerdo de Paz con las FARC, 5 años después no han cumplido aspectos esenciales, no hay adelanto ni comienzo en relación a las reformas que pactaron, el Acuerdo ha quedado reducido a la mera reinserción y aún en el aspecto de la reinserción hay serios incumplimientos, dificultades y problemas.
Cinco años después de la firma del Acuerdo las desigualdades y la situación social del país son más críticas, también la violencia desde ‘los de arriba’, las clases dominantes y su Estado es supremamente dramática; les voy a dar unos datos que indican tal realidad: después de la firma del Acuerdo de Paz han asesinado 1.258 líderes sociales hasta el pasado 25 de octubre y casi 300 excombatientes firmantes del Acuerdo.
Trato de Guerra a la protesta social. En el tratamiento de la movilización, de la protesta social como expresión legítima de la ciudadanía hay también unos datos aterradores; en el estallido social ocurrido en Colombia a partir del 28 de abril, que se extendió hasta mayo y junio, perpetraron 87 asesinatos, especialmente manifestantes en su gran mayoría causados por la Fuerzas Armadas (FFAA) y también a manos del paramilitarismo urbano, quienes utilizaron armas de fuego contra las gentes que protestaban, tal como está constatado en centenares de vídeos que circularon en ese momento por el país y el mundo entero.
El 9 y 10 de septiembre del año anterior en la protesta masiva que estalló por el asesinato de un abogado a manos de la Policía fueron asesinados por las FFAA 13 manifestantes: 10 en Bogotá y 3 en Soacha, municipio contiguo a la capital.
Como se ve cinco años después de firmados esos Acuerdos de Paz la situación del país sigue siendo igual o peor en cuanto a los componentes sociales, de soberanía, democracia, injusticia social y violencia desde los que detentan el poder político y económico, desafortunadamente esta es la realidad.
Nuevo modelo de negociación. En este marco de realidades que son las propias de la lucha de clases y de la luchas de los pueblos, el ELN plantea que hay que persistir y seguir luchando por desarrollar procesos de diálogo y solución política, caminos de paz y de cambios, que es la esencia de nuestro ser; a la vez planteamos que hay que construir un nuevo modelo de negociación, de solución política y de paz, en cuya construcción y puesta en práctica deben participar las distintas fuerzas populares, el movimiento social, las distintas fuerzas de izquierda y la sociedad entera, ese es nuestro criterio y nuestra disposición.
Para ese nuevo modelo que está en construcción el ELN aporta unos elementos, brevemente les menciono algunos:
1) La participación de la sociedad en el proceso es un elemento vital, es el primer punto de la Agenda que acordamos con el Gobierno en marzo de 2016 cuándo se inició el proceso.
2) La bilateralidad como criterio en el proceso.
3) La simultaneidad en el cumplimiento de los Acuerdos.
4) Acuerdo que se logra Acuerdo que se ejecuta, especialmente en lo referente a cuestiones humanitarias.
Son estos algunos de los aportes del ELN y de otras voces, este nuevo modelo está en construcción, se apoya en las experiencias históricas y en propósitos de futuro para Colombia, de tal manera que los resultados en próximos procesos sean más promisorios y positivos para las mayorías y para el país. Muchas gracias.8
Los Derechos Humanos en el 2021

La XVIII Delegación Asturiana de Verificación del estado de los Derechos Humanos y la Paz de Colombia pudo constatar los efectos perversos de la ausencia del Estado y de inversión social en vastas regiones, la persistencia y el agravamiento del conflicto armado interno en las regiones visitadas y la escalada de violencia en zonas rurales y en las ciudades del país.
Pudimos constatar la gravedad de los ataques contra la dirigencia social colombiana en campos y ciudades, que reviste el carácter de violencia sistemática e impune. Las personas que defienden los derechos humanos y el medio ambiente, están en gran peligro.
“Por segundo año consecutivo, Colombia registró la mayor cantidad de asesinatos en 2020, con 65 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente asesinadas. Estos homicidios tuvieron lugar en un contexto de ataques generalizados contra personas defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios de todo el país, a pesar de la esperanza generada por el acuerdo de paz de 2016. Los pueblos indígenas se vieron particularmente afectados y la pandemia de COVID solo sirvió para empeorar la situación. El confinamiento oficial llevó a que las y los defensores fueran atacados en sus hogares y a que se redujeran las medidas de protección del gobierno.”9

Sin embargo, para CARLOS CORREA, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “Colombia no es peligroso para defender la naturaleza. No se puede generalizar que defender el medio ambiente en Colombia es riesgoso”10 

El miedo al paramilitarismo que se expandió potenciado por el narcotráfico y con responsabilidad de la fuerza pública que en muchas regiones omite el deber de combatirlos. Es el caso del departamento del Chocó sobre el cual los obispos de la iglesia católica denunciaron “El Clan del Golfo tiene tomado todo el departamento.”11

“Lo que pasa es que cuando tienes el actor armado con el fusil en la cabeza es difícil expresarse con libertad, como podría hacerse en un Estado de derecho sólido. La gente lo denuncia en estos encuentros con nosotros, se lo dice a la ONU, se lo dice a Defensoría. El Clan del Golfo se ha tomado todos los departamentos, mira lo que ocurre en Bahía Solano, Juradó y Nuquí, o el Alto, Medio y Bajo Baudó, ahora el Eln está arrinconado allá.”12

Amplios segmentos de la población expresan de manera pública que han perdido la confianza en la fuerza pública, por los abusos y asesinatos cometidos por la policía y documentados en las redes sociales y medios de comunicación durante las movilizaciones del estallido social de abril, por la notoriedad de su convivencia con los carteles del narcotráfico y por su tolerancia con los grupos paramilitares.

“Las demandas de las personas manifestantes reflejan amplios agravios sociales fundamentados en que el Estado no garantiza los derechos económicos y sociales básicos —como la educación y la salud— y en que no implementa medidas para mitigar los efectos de la pandemia en uno de los países con mayor desigualdad de la región. En vez de escuchar las demandas de los miles de personas que se manifestaban, el gobierno de Iván Duque respondió con represión y violencia para desalentar las manifestaciones pacíficas y, en última instancia, castigar a quienes pedían cambios en el país.”13

Durante el paro nacional que se registró en 860 municipios del país, entre el 28 de abril y el 15 de julio/21, según la organización Temblores se registraron 83 homicidios (44 por presunta acción de la policía), 96 jóvenes perdieron un ojo, 2.053 detenciones arbitrarias.14 Además hay denuncias contra la policía por abusos sexuales contra mujeres en el marco de las protestas.
Cada año resultan más preocupantes los retrocesos de Colombia en materia de derechos humanos, debido al abandono del Estado de las obligaciones erga omnes de respetarlos y garantizarlos. Se evidenció que la policía nacional no los respetó durante el estallido social que comenzó en abril, y es evidente que el gobierno resulta incapaz de garantizar el derecho a la vida para la dirigencia social, para los firmantes de la paz y para gran parte de las comunidades rurales.

Para la ONU “Colombia goza de un marco legal robusto para la protección del derecho de reunión
pacífica. No obstante, la represión de las protestas y cómo se utilizó la fuerza contra
manifestantes pacíficos en el marco del Paro evidenciaron la necesidad de reforzar la gestión
democrática de la protesta. El ACNUDH documentó casos de uso innecesario o
desproporcionado de la fuerza que resultaron en privaciones arbitrarias de la vida y
violaciones a la integridad y seguridad personales, así como detenciones arbitrarias y
violencia sexual y de género, y actos de discriminación y racismo. En algunos de estos casos
las víctimas eran indígenas, afrodescendientes periodistas y personas defensoras de derechos
humanos. En particular, el ACNUDH verificó 46 muertes (incluyendo una mujer) en el
contexto de esas protestas. 28 habrían involucrado a la Fuerza Pública y 10 a personas
armadas vestidas de civil. En ocho casos, no se pudo identificar al perpetrador.
Adicionalmente, la Oficina recibió alegaciones de violencia sexual contra 60 personas (48
mujeres y 12 hombres), de las cuales verificó 16 casos presuntamente cometidos por
miembros de la Policía.”15

En los territorios visitados la población está sometida al control creciente y violento de los grupos narco-paramilitares, guerrillas, bandas delincuenciales y en ocasiones al accionar de miembros de la misma fuerza pública que violan los derechos fundamentales que el Estado debe garantizar, como el derecho a la vida, a la libertad personal, las libertades de pensamiento, organización, reunión y movilización, acciones que violan la seguridad de las personas, o las someten a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, acciones de uso perverso de la justicia para perseguir opositores sociales violando el derecho a no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, y el derecho a no ser despojado de manera arbitraria de sus propiedades.

En el 2021 la población colombiana sufrió graves ataques. Se registraron 96 masacres con 335 víctimas en 73 municipios de 21 departamentos.16

Además, Los datos de la Policía Nacional registraron un incremento del 9,5% del número de homicidios principalmente en zonas con altos niveles de desigualdad y una insuficiente presencia integral del Estado.17

Constatamos que gran parte de la violencia que asola las regiones visitadas, definidas como Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, se origina en el incumplimiento del Acuerdo de Paz que el Estado firmó con las FARC, en la expansión tolerada del paramilitarismo y del narcotráfico que obliga al campesinado excluido de la inversión social a sembrar coca, imposición basada en su poder político, militar y corruptor, en regiones antes controladas por las FARC.

Otra parte del nuevo ciclo de violencia se origina en la re-paramilitarización del país, en el creciente control social y territorial del narcotráfico, en el incumplimiento del Acuerdo de paz firmado con las FARC, en el abandono del gobierno de la Mesa de Diálogos con el ELN y el escalamiento de la confrontación, y en el trato de guerra a la legítima protesta social

Nos preocupa que la voluntad belicista del gobierno facilite la continuidad de la agresión de los Estados Unidos a la soberanía y a la seguridad de Venezuela, lo que convertiría el conflicto interno de Colombia en un conflicto internacional.

Consideramos muy grave la falta de garantías para preservar la vida de las personas firmantes de la paz. Más de trescientas ha caído asesinadas desde la firma del Acuerdo y la Fiscalía General no da resultados en las investigaciones. La impunidad es otra fuente de violencia, pues alienta la continuidad de las agresiones que le han costado la vida a más de mil trescientas personas de la dirigencia social desde la firma del Acuerdo, hecho que nos permite afirmar que en Colombia hay violencia e impunidad estructurales.

Los ataques contra quienes defienden los derechos humanos son muy graves y no dudamos en calificarlos de ataques sistemáticos, por el alto número y por el carácter de las víctimas, por el modus operandi, por el propósito evidente de acabar con las organizaciones sociales y por la impunidad generalizada a cargo de la Fiscalía General.

Uno de los sectores sociales más golpeados sigue siendo el movimiento sindical. Su dirigencia, activistas y las personas afiliadas siguen siendo perseguidas de manera sistemática, afectando las libertades sindicales y los derechos sociales y laborales. También están muy afectados por ataques las personas que defienden el medio ambiente, la dirigencia campesina, indígena, afro y juvenil.

El sindicalismo continúa siendo perseguido a muerte. “En 2021, luego de doce años, Colombia es llamada por la Comisión de Normas de la OIT a rendir cuentas por la violación al Convenio 87 sobre sobre la libertad sindical y protección al derecho de sindicación. Ha pasado una década luego de que el Gobierno Colombiano recibiera numerosas recomendaciones de distintas organizaciones internacionales como la OIT, el PNUD y la OCDE.  Así como los compromisos ratificados en el marco del Plan de Acción Laboral (PAL) suscrito con los EEUU y la Hoja de Ruta (Resolución 2628).  A pesar de ello, la implementación parcial de dichas recomendaciones y la ausencia de voluntad política para garantizar el desmonte de obstáculos para el ejercicio de las libertades y los derechos sindicales, como la violencia e impunidad, no ha reflejado avances sustanciales que favorezcan un escenario garantista para los derechos laborales y la actividad sindical. Según el informe de Índice Global para el año 2021,  Colombia sigue en la lista de los diez peores países para trabajadores y trabajadoras en el mundo. Según el Sistema de Información de Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical, Sinderh, en Colombia por más de tres décadas sindicalistas y sindicatos han sido víctimas de distintas formas de violencia, siendo esta una de las formas más graves de exclusión padecida por el movimiento sindical, y que aún no ha sido objeto de reparación. Desde el 1 de enero de 1971 hasta el 30 de noviembre de 2021, se han registrado al menos, 15.453 violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas. Entre estas, 3.295 homicidios, 434 atentados contra la vida, 253 desapariciones forzadas, 7.624 amenazas de muerte y 1.952 desplazamientos forzados.”18

Cada año es más difícil visitar a las comunidades en las regiones, como se denuncia en el Comunicado de la Delegación Vasca de Observación de Derechos Humanos en Colombia con fecha 29 de enero de 2022 “En 10 años del Programa, tras varias visitas de seguimiento al país, es la primera vez que no podemos acceder a los territorios. De la misma forma, no se dan las condiciones de seguridad para garantizar la entrada de los organismos internacionales y los entes de control. Todo ello constituye una muestra clara de la inseguridad que viven las comunidades
étnicas y las personas defensoras de derechos humanos.”


A pesar del peligro y del miedo, en las regiones visitadas las organizaciones sociales y de víctimas se reunieron con la Delegación Asturiana y expresaron:

En el Bajo Atrato el pueblo indígena embera dóbida está atrapado por la guerra entre el ELN y el Clan del Golfo, grupo paramilitar que quiere imponerles el cultivo de plantas de coca ajeno a la cultura embera que se arriesga a erradicarla con sus propias manos.

La delegación asturiana fue interceptada a la subida y bajada del río Chintadó, por paramilitares de AGC que mantienen un puesto permanente de control que la fuerza pública tolera, ubicado en La Nueva, lugar donde se juntan los ríos Chintadó y el Truandó.

El territorio está cercado por minas antipersona y las comunidades embera están confinadas, sometidas al control paramilitar y abandonadas por el Estado. Han constituido la Guardia Ambiental o Uramia -hormiga- para proteger la selva y se niegan a participar de la guerra, de los cultivos ilícitos y del tráfico de drogas. Denuncian el reclutamiento forzado de menores, las violaciones contra niñas y mujeres embera, el asedio de la minera Cobre SAS que pretende imponer proyectos de gran minería por métodos violatorios de la dignidad y del derecho.

En Urabá, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, continúa asediada por los grupos narco paramilitares, cuya existencia es negada por la Brigada XVII del ejército con la que comparten el control de la región, siendo público y notorio que se reúnen y se coordinan.

La Comunidad de Paz señala el control paramilitar de la región en lugares llamados “puntos”. A pesar de estar militarizada la zona, los paramilitares se mueven con libertad y en todas las veredas entran por la fuerza a las reuniones de las juntas de acción comunal y a las asambleas rurales, imponiendo su presencia armada y su proyecto, ajeno a los planes de vida comunitarios.

La Comunidad de Paz acogiéndose al derecho de las víctimas a saber la verdad, pide que se den a conocer los entresijos de la entrega del jefe paramilitar alias Otoniel.

El sur de Córdoba está militarizado, pero su población sigue bajo el control del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que amenaza, asesina, desplaza y recluta a menores, como en Tierralta, a pesar de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo desde hace más de un año.

Alarma generan las cifras de la violencia del 2021 en Tierralta contra la población LGBTIQ+, que sufrió 15 casos de agresión y asesinatos.

De manera especial resultan preocupante el incremento de la violencia sistemática de género en Córdoba con 22 feminicidios en el 2021.

La Secretaría de Gobierno, la Policía y el Defensor del Pueblo de Córdoba reconocen la existencia de grupos paramilitares y los incumplimientos en materia de restitución de las tierras usurpadas, indemnizaciones y sustitución de cultivos ilícitos, alegando la falta de recursos que deben llegar de Bogotá.

En el departamento de Sucre recibimos denuncias de la permisividad de las autoridades civiles y militares con el accionar criminal de los grupos narco-paramilitares que ejercen un control político y social que es de dominio público.

Las autoridades afirman que “no creen” en la existencia del paramilitarismo y atribuyen el control armado sobre las comunidades y los asesinatos contra la dirigencia social a problemas entre bandas del narcotráfico por el dominio de territorios, microtráfico, extorsiones y prostitución. Esta explicación preocupa -por ser falsa- a las organizaciones sociales para las que se trata de encubrir a la delincuencia desde las instituciones, situación que tiene antecedentes y que no excusa a las autoridades de su obligación de investigarla, sancionarla y combatirla.

Las denuncias recibidas dan cuenta de que los grupos narco-paramilitares asedian al campesinado de la finca La Europa de Ovejas, controlan el comercio agropecuario en la región de La Mojana y restringen las libertades políticas en amplias regiones del departamento en las que imponen sus candidaturas a cargos de elección popular, organizan y convocan asambleas de obligatoria asistencia para las comunidades campesinas. Quieren controlar la población, prohíben la creación de movimientos sociales que no estén bajo su control, persiguen a muerte a los integrantes de los colectivos que defienden los derechos humanos. La afirmación de que no hay paramilitares encubre la permisividad de la fuerza pública que omite combatirlos y obliga a que la ciudadanía presente sus denuncias ante la Defensoría del Pueblo y las personerías, y no ante el Ministerio del Interior, la Armada Nacional, la Infantería de Marina o la Policía Nacional.

La población teme con razón que vuelvan las masacres, pues el grupo paramilitar se mueve con libertad y está amenazando, asesinando campesinos, imponiendo toques de queda de doce horas en corregimientos y veredas de la región, todas bajo control militar, como Salitral, Los Números, Chengue, Almagra, Don Gabriel, El Palmar, Pijiguay, San Rafael, Flor del Monte, Canutal y Canutalito, Damasco, Pedregal, Medellín, Villa Colombia, Las Babillas, Oso, San Francisco, Bajo Grande, Arena, El Tesoro, Buenos Aires y El Zapato.

Recibimos la queja del abandono por el gobierno y la falta de reparación a las víctimas de las masacres de Chengue y de la Mojana.

Los paramilitares tienen sitiados a las comunidades campesinas de los Montes de María, como lo expresan los campesinos de finca La Europa, que tienen 20 asesinados en la lucha por la tierra, 6 desaparecidos y 90 familias desplazadas.

San Onofre: El grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, que hace parte del grupo delincuencial Clan del Golfo, ha logrado la hegemonía del control social y de los procesos políticos de esa región y controla la economía legal y la del narcotráfico, sin que la alcaldía municipal, el ejército nacional -Infantería de Marina- ni la policía lo eviten.

Norte de Santander. Amplias zonas del departamento están literalmente copadas por 17 grupos armados que controlan las actividades económicas y sociales de la población. Se denuncia por las organizaciones sociales la presencia masiva de militares y asesores militares de los Estados Unidos en la zona fronteriza con Venezuela. Los gastos en defensa no dan resultados, pero afectan la inversión social, al punto de que la región solo cuenta con un hospital de primer nivel, lo que da una idea del abandono de la zona de frontera.

En la región del Catatumbo, la ciudadanía y en particular las comunidades campesinas y los pueblos indígenas están asediados por grupos armados, entre paramilitares como las AGC, Los Rastrojos, las disidencias de las FARC, el ELN, el EPL, en una zona militarizada en la que, sin embargo, se suceden a diario amenazas, asesinatos, extorsiones, confinamientos, reclutamientos y desplazamientos forzados.

El pueblo indígena barí no es escuchado por el gobierno en su demanda de saneamiento y ampliación de su territorio ocupado por colonos que talan la selva para cultivar coca, tampoco cuentan con un puesto de salud ni hay escuelas en condiciones. Están padeciendo enfermedades como la tuberculosis y la neumonía, abandonados y a merced de los grupos armados que penetran al territorio ancestral. Su situación es más dramática con la llegada de campesinos y de pueblos indígenas de otras regiones de Colombia y de Venezuela, también por el reclutamiento forzado de los jóvenes y por la existencia de campos minados en su territorio. Recibimos informes que dan cuenta de la existencia de fosas comunes en el territorio barí.

El gobierno incumple la Sentencia T-052 del 2017 en la que la Corte Constitucional impone el deber de garantizarles el derecho a existir, a la identidad étnica y cultural, a la consulta previa, libre e informada, y a la propiedad colectiva de la tierra. Tampoco cumple lo estipulado en el Acuerdo de paz referente a los pueblos indígenas.

En Tibú, el conflicto armado está vigente y se expresa en atentados, asesinatos, acoso a las organizaciones sociales. Los campesinos cultivadores de coca se sienten engañados por el gobierno ante la ausencia de proyectos productivos y ante la posibilidad de erradicaciones forzadas que les dejarían sin sustento, por lo que anuncian que harán resistencia para evitar el hambre de sus familias. Las denuncias contra las empresas petroleras y mineras hacen referencia a la destrucción del medio ambiente, al saqueo de recursos naturales y la baja inversión social.

Muy graves son los ataques contra las mujeres en todos los ámbitos, las redes de trata de mujeres venezolanas con fines de explotación sexual y de explotación laboral en los laboratorios de procesamiento de cocaína, sometidas a condiciones de servidumbre o semiesclavitud, sin que las autoridades intervengan para impedirlo.

Hay denuncias contra el “Plan Catatumbo sostenible” que el gobierno crea para evadir el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

En Arauca el conflicto armado es álgido. La ausencia de diálogos con el ELN y el enfrentamiento entre organizaciones insurgentes genera miedo en la población civil.

Están ocurriendo graves violaciones de los derechos humanos y del DIH, reclutamientos y desapariciones forzadas, confinamientos a las comunidades campesinas y a los firmantes del Acuerdo de Paz.

En Arauca se incrementó la estigmatización contra sus habitantes y los ataques contra la dirigencia social. La fiscalía no hace levantamientos de cuerpos en zonas rurales, ni investiga agresiones contra la población civil. La fuerza pública está destinada a proteger la infraestructura de las empresas multinacionales y no a la población civil.

Hechos tan graves como el atentado con carro bomba contra la sede de las organizaciones sociales en Saravena en enero de este año, dan cuenta del nivel de riesgo que corre la dirigencia social, en el mismo sentido revisten gravedad los ataques contra la empresa de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras y gas domiciliario. Estos ataques contra instalaciones civiles y comunitarias evidencian el propósito de aniquilar a la dirigencia social de Saravena y de destruir la infraestructura creada desde hace medio siglo por las comunidades mediante la autogestión.

En el Caquetá el gobierno incumple el Acuerdo de Paz. La información geográfica de la ubicación de los cultivos de coca recogida para los proyectos productivos de sustitución, está siendo utilizada por la Fiscalía para detener al campesinado y por la fuerza pública para quemarles las viviendas y desplazar a las comunidades.

Grave que el gobierno no haya garantizado la seguridad de los firmantes de la Paz en el ETCR Urías Rondón, que debieron ser reubicados ante el acoso paramilitar, lo que da una idea del control de estos grupos y de la falta de voluntad política para combatirlos.

La Operación Artemisa destinada a detener la deforestación no concuerda con los proyectos petroleros que ponen en riesgo los ecosistemas. Se está persiguiendo a los campesinos colonos, pero no a los grandes deforestadores.

No se ofrecen alternativas de reubicación a las familias obligadas a vivir fuera de la frontera agrícola y se está desplazando comunidades de colonos o encarcelándolos.

El gobierno se convirtió en agente de desplazamiento forzado, denuncian las organizaciones. Esto se agrava con la falta de voluntad del gobierno para adelantar la titulación de tierras a las familias campesinas con decenas de años de ocupación.

La deforestación crece al ritmo de los asesinatos contra el campesinado.

Los pueblos indígenas de la Amazonía están abandonados por el Estado y asediados por grupos armados y por inversionistas que se quedan con sus territorios y por grupos armados que reclutan y desplazan. Los pueblos indígenas denuncian que la matriz minero energética se puso por encima de la naturaleza y de los derechos de los pueblos indígenas.

Hay denuncias por la falta de auditoría de los fondos europeos y estadounidenses destinados a financiar proyectos de reinserción a firmantes de la paz. Tampoco hay garantías para preservar la vida de estas personas, 31 de las cuales han sido asesinadas con impunidad en el Caquetá.

Bota Caucana, Piamonte y Putumayo. Las familias campesinas se sienten engañadas por el gobierno. Arrancaron la coca y sólo recibieron ayuda de emergencia, pero no los proyectos productivos.

El territorio está bajo el control de grupos narco-paramilitares que imponen la siembra de cultivos de coca y pretenden sustituir la organización campesina de base por otra bajo su control. Ni la policía, ni la alcaldía de Piamonte, cumplen con el deber de perseguir el paramilitarismo y el narco tráfico, ni el de proteger a la dirigencia social que ha sido amenazada de muerte y obligada a desplazarse.

En el Putumayo las comunidades están bajo el control paramilitar y sometidas por el miedo a proyectos mineros y del narcotráfico. Curiosamente hay más muertos del campesinado en donde hay más fuerza pública. Las personas defensoras de los derechos humanos no tienen garantías y están siendo perseguidas a muerte. Por ser zona de frontera, con coca y petróleo, sus comunidades tienen un alto grado de vulnerabilidad.

En todo el país la violencia generalizada, la pandemia y el desempleo agravaron problemas estructurales de inequidad y de exclusión especialmente en las zonas rurales, poniendo a millones de personas más en una situación de pobreza o de pobreza extrema, siendo Colombia desde hace décadas, según la CEPAL, el segundo país más desigual de América Latina.

Precisamente llevar el Estado Social y el Estado de Derecho a las regiones abandonadas por el Estado es el núcleo del Acuerdo de Paz que el gobierno del presidente IVAN DUQUE está evadiendo.

La Delegación Asturiana recibió una denuncia contra un alto cargo de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito- UNODC, con sede en Bogotá, según la cual, “La información personal de miles de familias acogidas al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito- PNIS estaría siendo utilizada por la fuerza pública para realizar tareas de erradicación sin consentimiento de los campesinos, esto con plena colaboración de la Oficina Son múltiples las evidencias que lo indican, entre estas: 1. La coincidencia entre capturas y caracterización en marco del programa PNIS. 2. Declaraciones de técnicos locales que manifiesta que la UNODC les ordenó levantar con GPS lotes con coca así estos no estuvieran acogidos al programa. 3. Declaraciones del Pierre Lapaque Representante de la UNODC en Colombia, en apoyo de la erradicación forzada. 4. Contratos entre la UNODC y el Ministerio de Justicia, en los cuales la UNODC reorienta las intervenciones de erradicación forzada, en marco del programa SIMCI (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos). 5. Documentos oficiales de la UNODC muestran que la información del PNIS y Familias Guardabosques se integra al SIMCI. 6. La información obtenida en el PNIS por UNODC se dio por medio de operadores locales, quienes no tenían conocimiento de que la información que obtenían en campo iba a tener un uso militar.”










1-. Ataques a la dirigencia social, persistencia del paramilitarismo

“2021 ha sido el inicio de año más violento en términos de masacres, enfrentamientos armados y amenazas de muerte a líderes sociales, desde la firma del Acuerdo de Paz. Esta es la principal conclusión a la que llegó el Monitoreo de Riesgos de Seguridad que elabora la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que hace seguimiento permanente a los riesgos que puedan obstaculizar la participación efectiva de las víctimas, de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y de los comparecientes en los procesos que realiza la Jurisdicción.”19

A pesar del incremento de las agresiones mortales que pusieron a Colombia a la cabeza mundial en el asesinato de personas defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente, el gobierno de IVAN DUQUE decidió -por decreto- en diciembre del 2021 debilitar aún más el sistema de protección a personas amenazadas de muerte.

Human Rights Watch advierte que el decreto limita la información para tomar decisiones sobre a quién proteger, socava la transparencia, aumenta algunos requisitos legales y reduce las medidas de protección colectiva. “El efecto más grave es que en Colombia, que es el país de América Latina donde más líderes sociales han asesinado en los últimos años, va a haber más líderes amenazados sin protección debido a esta decisión.”20

Durante el 2021 fueron asesinadas 171 personas de la dirigencia social de las cuales 27 eran mujeres. Estos crímenes se cometieron en 11municipios de 25 departamentos.21

Las cifras de personas de la dirigencia social asesinadas desde la firma de los Acuerdos de Paz, es de 1.286, de ellas 888 durante el gobierno de IVAN DUQUE (2018-2022).22

La Defensoría del Pueblo emitió Alertas Tempranas en muchos casos que acabaron en asesinatos y masacres, pero sus advertencias no tienen fuerza vinculante ante las autoridades civiles y militares.

El asesinato de miles de personas de la dirigencia social colombiana en los últimos treinta años, es una acción sistemática que pretende eliminar las organizaciones sociales independientes de los centros de poder y paralizar por miedo a las comunidades. Estas personas son perseguidas por impulsar acciones legítimas de construcción del tejido social necesario para satisfacer derechos colectivos y necesidades básicas de las personas.

La interpelación al establecimiento que llevan implícitas sus actividades y la representación que las comunidades les otorgan, resultan inadmisibles para quienes determinan asesinarles para generar un impacto que paralice por miedo las acciones de autogestión o de reivindicación colectiva.

Por el carácter de dirigentes sociales, por el alto número de víctimas, por la persistencia en el tiempo de las agresiones y por la presencia de los ataques en gran parte de las regiones del país, así como por otros patrones comunes en miles de agresiones y por la impunidad que las cobija, no son coincidencias, son actos planificados que constituyen crímenes de lesa humanidad a la luz del Artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Son ataques sistemáticos, no sólo persistentes, como los calificó el informe del año pasado de la OACNUD.

Esta conducta criminal en la enorme mayoría de los casos queda impune porque no se investiga, o no se condena, o se condena sólo a autores materiales, pero nunca a los autores intelectuales. Está tipificada en el Artículo 101 del Código Penal Colombiano: “Genocidio. El que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión”

El antecedente de la responsabilidad del Estado colombiano en actos constitutivos de genocidio es el exterminio del partido político Unión Patriótica. “Con el estigma de tener vínculos con una insurgencia, la omisión de los agentes estatales y el auge del actuar de los grupos paramilitares, los miembros de la Unión Patriótica se convirtieron rápidamente en el blanco de una serie de ataque estructurados, Entre mayo de 1984 y diciembre de 2002, el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH ha documentado 4.153 víctimas de la Unión Patriótica que fueron asesinadas o desaparecidas o secuestradas” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018, p. 108)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso colectivo No. 11.227, que presentaron la dirección nacional de la UP, la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas. En su informe de admisión del 12 de marzo de 1997 la CIDH señaló: “Los hechos alegados por los peticionarios exponen una situación que comparte muchas características con el fenómeno de genocidio y se podría entender que sí lo constituyen, interpretando este término de conformidad con su uso corriente”. Fueron asesinatos políticos planificados por agentes del Estado y grupos paramilitares para eliminar físicamente al partido y diluir su fuerza política. “Los peticionarios anexaron a su petición una lista de 1.163 miembros de la Unión Patriótica que fueron ejecutados extrajudicialmente entre 1985 y 1993. Presentaron, asimismo, una lista de 123 personas que fueron desaparecidas por la fuerza, otra de 43 personas que sobrevivieron atentados de asesinato y de 225 personas que recibieron amenazas durante el mismo período (parágrafos 24 y 25).”23

“El genocidio contra el partido colombiano de izquierda Unión Patriótica (UP), que costó la vida a dos candidatos presidenciales, dejó 5.733 víctimas, de las cuales 4.616 fueron asesinadas y 1.117 desaparecidas, ha revelado este viernes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La violencia contra miembros de este partido fue ejercida principalmente por «paramilitares y agentes estatales, quienes actuaron de manera masiva, generalizada, sistemática y selectiva contra esta colectividad», según consideró la JEP, quien estudia el genocidio contra la UP en el ‘Caso 06’.”24

El gobierno colombiano no tiene interés en proteger de manera efectiva a la dirigencia social que sigue siendo asesinada. Tampoco muestra respeto ni interés por reconocer y proteger las organizaciones sociales más allá del discurso, pero en la práctica les otorgan el trato de enemigas de la democracia y de las instituciones.

Para la Jurisdicción Especial de Paz, JEP. “2021 ha sido el inicio de año más violento en términos de masacres, enfrentamientos armados y amenazas de muerte a líderes sociales, desde la firma del Acuerdo de Paz. Esta es la principal conclusión a la que llegó el Monitoreo de Riesgos de Seguridad que elabora la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que hace seguimiento permanente a los riesgos que puedan obstaculizar la participación efectiva de las víctimas, de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y de los comparecientes en los procesos que realiza la Jurisdicción.” (JEP, 2021, p. 1)

El paramilitarismo se ha extendido por todo el país con la connivencia de la fuerza pública y de manera prioritaria en los territorios que dejaron las FARC tras su desmovilización y entrega de las armas a la ONU. En todos los territorios visitados recibimos denuncias de la presencia conjunta de fuerza pública y grupos paramilitares cuidando intereses del narcotráfico y de las multinacionales.

“El Clan del Golfo está en Quibdó y las goteras de Quibdó: en Ichó, en Neguá, en Bojayá, Medio Atrato, en Vigía del Fuerte, en Acandí, en Ungía, en Riosucio, en Carmen del Darién. Es una cuestión sistemática. Entonces, si hay cinco mil efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, ¿cómo es que ha llegado el Clan del Golfo? Si sólo fueran dos o tres municipios, vaya y venga, pero están en las comunidades, tiene que haber alguien que investigue.”25

Esta realidad denunciada por las organizaciones sociales en todas las regiones visitadas afecta la credibilidad de las instituciones y genera un vacío que llenan los grupos armados ilegales, extendiendo el control mediante el miedo sobre las poblaciones rurales y en barrios marginados de las ciudades.

“En menos de 24 horas, en la capital del departamento de Córdoba, han cometido cuatro (4) homicidios. En lo corrido del mes de febrero la cifra asciende a diez (10) crímenes, ataques sicariales. El más reciente ocurrió en la tarde de este miércoles 9 de febrero en el barrio 6 de marzo. Esta ola sangrienta que enluta al departamento de Córdoba, podría estarse presentando ante disputas por el control territorial, de las rentas y/o economías ilícitas entre el bloque “Central Urabá” con la operación criminal del frente “Carlos Yepes” VS el bloque “Roberto Vargas Gutiérrez” mediante la operación criminal del frente “Javier Yepes Quintero”, ambas estructuras pertenecientes al “Clan del Golfo”, autodenominado: “Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC”, esto debido a que tras la captura o entrega del jefe máximo de esa organización criminal, alias “Otoniel”, ocurrida el 23 de octubre de 2021, se conoce que al interior de dicha organización criminal hay una disputa por la jefatura y mando de la misma. Por otro lado, se conoce que el Grupo Armado Organizado (GAO) “Clan del Golfo”, autodenominado: “Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC”, ha iniciado una “limpieza social” en el departamento de Córdoba, en igual forma o en paralelo una especie de “ajuste de cuentas”. Cualquiera que sea la situación, la ola sangrienta que baña al departamento de Córdoba debe #PararYa, es una completa hipérbole que el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente Iván Duque, diga con rimbombantes palabras que la captura de alias “Otoniel” es un duro golpe a esa estructura criminal, cuando en los departamentos como Córdoba y municipios como Tierralta, que en días pasados asesinaron a dos hombres en menos de 24 horas, delante de la comunidad, con manos atadas a la espalda y letreros, como en otrora lo hacían las “Autodefensas Unidas de Colombia – AUC”, se siga acribillando a sangre fría.”26

El grupo paramilitar Clan del Golfo se tomó el departamento de Sucre y la región de los Montes de María, a pesar la presencia masiva de policía, ejército e infantería de marina.

En la mayoría de municipios de Sucre este grupo y las bandas asociadas, en medio del control militar y policial, mueven armamento de largo alcance, reclutan niños-as y adultos para la estructura paramilitar y para el microtráfico; conformaron una red de informantes que incrementa la fragmentación social y el miedo; establecieron redes de extorsión, hacen retenciones de personas, amenazan, desplazan y asesinan con impunidad.

La presencia de los paramilitares es negada por las autoridades civiles y militares, sin embargo, a la luz del día ejercen control social, imponen toques de queda y la asistencia obligatoria a sus reuniones, para aumentar el terror.

En Montes de María los paramilitares ejercen el control social y territorial armado en los siguientes sitios:
“Chalán: La Ceiba, Joney y Desbarrancado.
Tolúviejo: Varsovia, Caracol, Las Piedras, Macaján y Cañito
Colosó: Cerro, Mico, Chinulito, Aguacate, Bajo Don Juan.
Morroa: Sabaneta, Arenal, Oriente y Pichilín.
San Onofre: Zona Norte, Zona Playa, Berrugas, Alto de Julio, Chichimán,
Las Brisas, Labarcé, Palmira La Negra. En el casco urbano son constantes los
patrullajes en horas de las madrugadas
Los Palmitos: El Piñal, El Triunfo, Santa Rosa, Sabanas de Beltrán, La
Unión, Palma Sola, Bajo Lata, El Charco, Pueblo Nuevo, Sabanas de Pedro,
Palmas de Vino, Moralito, Porvenir y Naranjal.
Ovejas: El Tesoro, Chengue, Salitral, Los Números, Don Gabriel, Buenos
Aires, Almagra, El Zapato, Pijiguay, Miramar, El Palmar, Pedregal,
Damasco, La Peña, Flor del Monte, San Rafael, Canutal, Canutalito,
asimismo patrullajes en el casco urbano en los Barrios Ciudadela de la Paz,
Calle Nueva.
Córdoba (Bolívar): Guaimaral, San Andrés, La Sierra, Tacamocho,
Tacamochito, Pueblo Nuevo, Las Marías.
El Carmen de Bolívar: Macayepo, San Carlos, San Isidro, Huamanga, El
Hobo, Malanoche, Tierra Grata, Santo Domingo de Mesa, Centro Alegre,
Berruguitas, Hatonuevo y sus respectivas veredas.
Maríalabaja: Matuya, San José del Playón, Mampuján Retiro Nuevo, San
Pablo, Níspero El Sena, Nueva Florida, Colu y Guarismo. Dentro del casco
urbano se presentan hechos de orden público -disparos a altas horas de la
noche y microtráfico-, especialmente en los barrios Puerto Santander,
Bellavista, Chumbum.
Zambrano: Capaca, La Florida, Jesús del Río, Mula, La Esperanza,
Guasimal y el Kilometro Uno (1).
El Guamo: Nerviti, Tasajera y Robles
San Jacinto: Patio Grande, La Puente, Arena y Paraíso.
San Juan Nepomuceno: San José del Peñón y Haya”27

Uso justicia En Colombia van en aumento los señalamientos, estigmatizaciones y amenazas de muerte contra personas de la dirigencia social, en muchos casos por agentes del Estado o con su tolerancia, con el fin de generar temor y silenciarlas. En algunos casos el estigma es previo a agresiones mortales.

“Las organizaciones que integramos la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular – CACEP, alertamos sobre el incremento de agresiones contra expresiones del movimiento político, social y popular colombiano que, por su sistematicidad y permanencia se constituyen en prácticas genocidas. Denunciamos las temerarias, irresponsables e injustas declaraciones que contienen graves señalamientos, estigmatizaciones y amenazas, que pretenden legitimar detenciones arbitrarias, homicidios, desapariciones forzadas y torturas cometidos en contra de docentes, sindicalistas, campesinos, indígenas, afro descendientes, estudiantes, jóvenes y sectores populares pertenecientes a organizaciones, procesos y comunidades que hacen parte del CNP.”28

Una fuente reciente de riesgo para quienes defienden derechos humanos es el apoyo social a los programas gubernamentales de sustitución de cultivos de uso ilícito. El gobierno está dejando solas ante el peligro a quienes acompañan la lucha contra el narcotráfico.

Cinco personas de la dirigencia social colombiana amenazadas de muerte han sido acogidas en el 2022 por el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia:

ADRIANA LIZARAZO, abogada, defensora de los derechos humanos, Coordinadora del Comité de Solidaridad con Presos Político Seccional Santander, organización integrante de la Red SOS-Tortura de la Organización Mundial contra la Tortura, OMCT. Es portavoz del Nodo Nororiente de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU). Por su labor en defensa de los derechos humanos dentro de las cárceles y en regiones del departamento de Santander ha sido amenazada de muerte y declarada objetivo militar del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC.
YURI SIRLENY QUINTERO, lideresa social en la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo y del Sindicato de Trabajadores Campesinos del Cordón Fronterizo del Putumayo; directiva de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO-CUT, defensora de los derechos humanos en la región sur del área Andino-Amazónica; integrante de la Coordinadora de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte Cauca y Cofania Jardines de Sucumbios, Ipiales – Nariño. Ha sido diputada en la Asamblea Departamental del Putumayo. Es víctima de señalamientos, hostigamientos y de varias amenazas de muerte proferidas por los grupos paramilitares Águilas Negras-Bloque Sur/Putumayo y por el Comando de la Frontera, que anunció el pago de una suma a quien la asesine.
CESAR ARIAS CARREÑO, defensor de los derechos humanos, integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Capítulo Norte de Santander; líder social y comunitario en la ciudad de Cúcuta; dirigente de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios ACEU, portavoz de los estudiantes en la Universidad Francisco de Paula Santander. Está recibiendo amenazas de muerte que cobijan a su familia.
JONATHAN CUÉLLAR RAMÍREZ, médico veterinario y defensor de derechos humanos en la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Baja Bota Caucana, Cofanía-Jardines de Sucumbíos-Ipiales/Nariño. Dirigente de la Asociación Municipal de Trabajadores Campesinos de Piamonte Cauca, ASIMTRACAMPIC; integrante de la Junta Directiva Nacional de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO-CUT; impulsor de la Zona de Reserva Campesina de los municipios de Piamonte, San José y Curillo. Defiende la selva y la economía campesina en una región en la que los carteles y sus grupos paramilitares están imponiendo la siembra de coca. Es víctima de seguimientos ilegales, hostigamientos con explosivos, amenazas de muerte y retenciones ilegales en vías públicas.
ELIECER ARIAS ARIAS, es líder social indígena; integrante de la organización Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad; dirigente del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE. Está en riesgo por defender los derechos de las víctimas y por los seguimientos y el patrullaje de grupos armados ilegales en el resguardo indígena y en los alrededores de su lugar de residencia. El pueblo kankuamo tiene una situación de alta vulnerabilidad reconocida por el Estado.
MAYDANY SALCEDO, lideresa de ASITRACAMPIC, ha sido obligada a desplazarse por amenazas de muerte proferidas por los grupos narco paramilitares que se tomaron Piamonte y sus zonas rurales con la aquiescencia de las autoridades locales que no actúan para proteger a la dirigencia campesina ya las familias afiliadas al sindicato campesino.

El asesinato del dirigente campesino y presidente dela Federación Agrominera del Sur de Bolívar e interlocutor del gobierno, TEOFILO ACUÑA y de JORGE TAFUR, en Puerto Oculto, municipio de San Martín – Cesar, el 22 de febrero del 2022, estuvo precedido de denuncias en las que TEOFILO denunció –cuatro días antes del crimen- amenazas de muerte proferidas por la fuerza pública y por la alcaldía de San Martín. Los dos eran portavoces de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Sur del Magdalena y Procesos de los Santanderes (CISBCSC) y formaban parte del Coordinador Nacional Agrario (CNA) y del Congreso de los Pueblos.

La persecución contra Teófilo incluía un proceso judicial por el supuesto delito de ”rebelión”, junto con los defensores de la tierra y las comunidades campesinas Robert Daza y Adelso Gallo.

Es muy grave que agentes del Estado hayan señalado a TEOFILO poniéndolo en alto riesgo relacionado con su muerte. “En diciembre de 2020 la Fiscalía y Policía publicaron un cartel en el que indicaban que Teófilo Acuña hacía parte de la conducción de masas para la rebelión, sin que ese señalamiento hubiera sido probado en juicio. “Se le puso una lápida en el pecho, se lo señaló nacional y regionalmente”, indicó Yepes. “No hay duda de que hay un vínculo directo entre los señalamientos de las autoridades y el desenlace fatal de los líderes”.29

La libertad de movilización fue restringida aún más. “En el marco de la sanción presidencial de la Ley 2197 del 25 de enero de 2022 por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones, consideramos que esta ley, cuenta con evidentes vicios constitucionales de forma y de fondo, que afecta derechos fundamentales como la vida y la integridad personal, criminaliza el derecho a la protesta social además de afectarla en el sentido de desconocer la identidad cultural de comunidades y pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes al prohibir elementos propios de su cultura en espacios de movilización. Por lo cual anunciamos que adelantaremos acciones políticas y jurídicas unitarias en rechazo a esta ley que pone en riesgo la democracia colombiana.”30
La libertad de prensa está atacada. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, registró 575 ataques, incluyendo 168 agresiones, 172 amenazas, 57 obstrucciones al trabajo periodístico y 65 casos de hostigamiento.31

2-. Ejecuciones extrajudiciales y masacres
Al menos 6.402 personas fueron asesinadas por el ejército nacional y presentadas como “guerrilleros dados de baja en combate” durante los dos gobiernos -2002-2010- del expresidente ALVARO URIBE VÉLEZ, impulsor de una política de guerra a la insurgencia a la que llamó “seguridad democrática” que premiaba con asensos, dinero y vacaciones a los militares que dieran resultados operacionales en términos de muertos.

Aunque los diferentes gobiernos y el alto mando militar negaron esa práctica, la lucha contra la impunidad de los familiares logró que, dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, estén compareciendo oficiales, suboficiales y soldados del ejército nacional para contar la verdad de estas ejecuciones extrajudiciales llamadas en Colombia “falsos positivos”.

Algunos militares han venido reconociendo su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad como las ejecuciones extrajudiciales, a cambio de reducciones en la pena de cárcel y para evitar la competencia de la Corte Penal Internacional.

El cabo retirado del Ejército, NÉSTOR GUILLERMO GUTIÉRREZ explicó en una audiencia de la JEP, ante familiares de personas ejecutadas, que: «Había una presión, nos exigían dar resultados, había que buscar resultados como fuera y teníamos contacto con grupos de paramilitares de la región, sobre todo de Aguachica, para conseguir armas». Reconoció su participación y añadió «les arrebaté la ilusión a sus hijos, les desgarré el corazón a sus madres por una presión de unos falsos resultados, por tener contento a un Gobierno. No es justo, no es justo”.

Otros militares del ejército como el general PAULINO CORONADO reconoció la responsabilidad del ejército en crímenes de guerra. El capitán retirado Rivera Jácome, expresó que «acudo con el fin de reconocer mi responsabilidad como máximo responsable a título de coautor por crímenes de guerra y de lesa humanidad.»32

Las ejecuciones extrajudiciales han sido el resultado de una política de Estado, como lo venían denunciando las familias, las organizaciones de derechos humanos y la Delegación Asturiana desde el 2005.
Estos crímenes graves continúan ocurriendo.
Tropas del ejército nacional asesinaron a once (11) personas el lunes 28 de marzo en la vereda Alto Remanso del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. Solo cinco días después llegó una comisión de la fiscalía, dando tiempo a las tropas para manipular la escena de los hechos, según las organizaciones de derechos humanos locales.

Para el Ministro de Defensa de Colombia Sr. DIEGO MOLANO APONTE «La operación no era contra los campesinos, sino contra los disidentes de las FARC. No fue contra indígenas inocentes, sino contra narcotraficantes».

La Red de Derechos Humanos del Putumayo precisó que no eran “blancos legítimos”, sino campesinos e indígenas que participaban de una actividad comunitaria para recoger recursos y solucionar problemas originados en la falta de inversión social del gobierno de IVÁN DUQUE. Además, las tropas cometieron otras violaciones graves de los derechos humanos, como el maltrato físico y sicológico a la comunidad, el confinamiento, los allanamientos ilegales, la estigmatización y el desplazamiento masivo de al menos cien familias y el hurto por las tropas de bienes de la comunidad y personales.

Las declaraciones del Ministro intentan evitar que las familias de las víctimas y la sociedad nacional e internacional conozcan la verdad.

Las organizaciones sociales han exigido justicia y la destitución de los militares involucrados y la del general EDGAR ALBERTO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, por difundir versiones falsas en este caso y por sus antecedentes en ejecuciones extrajudiciales en otras regiones del país.

3-. Población en situación de desplazamiento.

Durante el 2021 las acciones violentas de los grupos armados incrementaron los casos de desplazamiento forzado y confinamiento. Cerca de 80 mil personas fueron desplazadas, tres veces más que el año anterior. También aumentaron los casos de confinamiento y de graves restricciones para la movilidad de personas sobre todo de los pueblos indígenas y de las comunidades negras.

El asesinato de personas de la dirigencia social tiene un impacto muy importante sobre las comunidades que representaban, incluido el desplazamiento forzado, como es el caso del asesinato de guardias indígenas en el Bajo Baudó – Chocó, o el asesinato del representante legal del Consejo Comunitario Afro del Municipio de Roberto Payán – Nariño- que generó el desplazamiento de la dirigencia étnica de la región.

4-. Personas privadas de la libertad. Tortura, trato cruel, inhumano o degradante
La situación que viven más de 120 mil personas privadas de la libertad en Colombia es abiertamente inconstitucional desde hace varios años. Así lo declaró la Corte Constitucional en las Sentencias T-388 del 2013 y T-762 del 2015.

Hay altos niveles de hacinamiento en las cárceles y en los centros de detención transitoria.

En ningún centro de detención se garantiza el suministro de alimentación en condiciones, agua potable, acceso a la salud, electricidad, telefonía y servicios sanitarios.

Son frecuente las denuncias por trato cruel, inhumano y degradante, violencia y abusos sexuales, uso desproporcionado de la fuerza, la tortura, el aislamiento por largos periodos y el uso de armas de fuego contra las personas que reclaman derechos dentro de las cárceles, como ocurrió con detenidos por protestar en medio de la pandemia en cárceles de Bogotá, Popayán y Cúcuta. 33


5-. Mujeres, infancia, juventud, víctimas, población LGBTI
Constituye un avance de los derechos de las mujeres la Sentencia C-055 de febrero del 2022 en la que la Corte Constitucional despenaliza el aborto hasta las 24 semanas de gestación. “Primero. Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 122 de la Ley 599 de 2000 “por medio de la cual, se expide el Código Penal”, en el sentido de que la conducta de abortar allí prevista solo será punible cuando se realice después de la vigésimo cuarta (24) semana de gestación y, en todo caso, este límite temporal no será aplicable a los tres supuestos en los que la Sentencia C-355 de 2006 dispuso que no se incurre en delito de aborto, esto es, “(i) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; (ii) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y, (iii) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto”.34

Recibimos por parte de las organizaciones sociales y de mujeres informes muy graves de un aumento significativo de las violencias contra las mujeres en todas las regiones visitadas.

Las dinámicas de pobreza y desigualdad, agudizadas por la pandemia COVID19, que mermaron las ya frágiles economías familiares sostenidas de manera informal, el incremento de la crisis migratoria en los últimos años, tratándose en su mayoría de territorios de frontera, y el aumento de la presencia y reconfiguración de grupos armados en estas regiones, con un aumento de la escalada de violencia, están afectando gravemente a la población y, específicamente, a las mujeres.

Ejemplo de la vida en territorios marcados por la presencia de grupos armados lo encontramos en la visita al resguardo indígena Barí, donde nos informan que el territorio está minado. Fuera del resguardo, en lo que se conoce como las Áreas de Pretensión, se han iniciado acciones de desminado, no así en el resguardo, con el consiguiente riesgo real para la integridad física de la población, fundamentalmente, como nos dicen, de las mujeres, que son quienes hacen las labores de recolección y las más expuestas.

La cultura machista y patriarcal se denuncia por parte de las organizaciones reportando feminicidios, desapariciones y agresiones sexuales contra mujeres, algunas denunciadas a la fuerza pública, otras silenciadas por el estigma y/o por la desconfianza hacia las instituciones.

En el Norte Santander, Arauca y Cauca, denuncian el aumento de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, incentivada por la situación estratégica de estos departamentos situados en las fronteras con Venezuela y Ecuador.

Todas las organizaciones manifiestan una ausencia absoluta de la institucionalidad pública en el seguimiento, acompañamiento e investigación a las denuncias sobre casos de violencia machista, así como la falta de recursos para las víctimas.

Hay invisibilidad de la violencia y agresiones sexuales a niñas y jóvenes en el entorno familiar y cercano, socializando casos de agresiones sexuales a menores realizadas por hombres de la propia familia o de entorno.

En ningún caso, existen herramientas institucionales de acompañamiento a las mujeres víctimas de este tipo de violencias.

Recibimos denuncias de fuertes hostigamientos y violencias contra el colectivo LGTBIQ+ y las mujeres trans, sin legislación ni apoyos institucionales para la visibilización y la protección de las personas de estos colectivos.

Respecto de la situación de las mujeres en el marco del conflicto armado, con toda la complejidad y especificidad de cada región, las organizaciones destacan:

– El cuerpo de las mujeres como campo de batalla: las mujeres son agredidas sexualmente como forma de amedrentar o desmoralizar al adversario.

– Control social y estigmatización: se informa desde el CPDH Capítulo Norte Santander de un aumento de casos de uso de las mujeres como «informantes» (fundamentalmente por la fuerza pública, que se presenta en muchos casos en forma de Fundaciones, sobre todo medioambientales), a través del engaño y desconociéndolo ellas, lo que acaba provocando el rechazo del resto de la comunidad a una situación que no fue voluntariamente generada.
Se cuestiona a las mujeres las relaciones que inician, más si se trata de hombres de la fuerza pública, siendo igualmente aisladas por el entorno.

En algunos casos, hay un fuerte control social, que pretende imponer a las mujeres el desarrollo en exclusiva de las tareas que les han sido asignadas a través del género.

– Aumento grave de las redes de trata de mujeres con fines de explotación sexual en las fronteras y aumento del reclutamiento forzado de niños y niñas y adolescentes, bien para su inclusión en grupos armados ilegales (niños) o para el trabajo forzado en cultivos de uso ilícito (niños y aumento del reclutamiento de niñas). Son las mujeres, madres en su mayoría, las que oponen mayor resistencia, con denuncias a instituciones y también por sus propios medios a estos reclutamientos, con el consiguiente señalamiento y amenaza a su integridad.

– Amenazas, persecución, desapariciones y asesinatos de lideresas sociales. El liderazgo de las mujeres está siendo fuertemente reprimido. En un contexto de violencia armada, muchas de estas mujeres, viudas o solas por exilio de sus parejas, ejercen sus liderazgos y a la vez, sostienen a su familia, sin ningún apoyo. Las mujeres no suelen dejar a sus familias solas, pues en su mayoría dependen económicamente de ellas, por lo que se convierten en un blanco fácil al no exiliarse.

Las mujeres organizadas y lideresas están siendo hostigadas, amenazadas y asesinadas pues están tejiendo redes de apoyo mutuo para suplir las carencias de un Estado que no les ofrece las garantías para una vida digna ni tampoco de seguridad y protección, cuando es el caso.

En los territorios altamente militarizados, las mujeres sufren todo tipo de violencias por parte de los actores armados, están sufriendo alta estigmatización social y política por sus trabajos organizativos y de liderazgo social, la prevención de la violencia contra las mujeres o la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, son inexistentes.

Muchas mujeres lideresas se encuentran fuera de sus territorios al estar amenazadas por sus trabajos en organizaciones sociales, sindicales o campesinas, y sufren una alta estigmatización social cuando realizan denuncias públicas de su situación, de las desapariciones forzadas y de otras violaciones de los derechos humanos en sus territorios.

“Soy lideresa de la organización de mujeres barí, somos muchas, estamos en 23 comunidades de cinco municipios. Fui secuestrada por paramilitares que me acusaron de ayudar a la guerrilla. Me llevaron nueve días, se robaron los alimentos de los niños que yo custodiaba. Sobreviví a una masacre al caer debajo de otras personas que murieron. No denunciamos por miedo.”35

Constatamos la invisibilización de las mujeres en los escenarios de participación política, con escasa representación de las mujeres en las elecciones de marzo del 2022 y anteriores.

La infancia ha sido afectada por el cierre de centros educativos durante la pandemia, lo que excluyó del derecho a la educación a los segmentos más pobres de la población, el 79% de los cuales no tiene acceso a internet para recibir clases virtuales.

Los grupos armados continuaron con la práctica impune del reclutamiento de niños y niñas para la guerra y para otras actividades criminales.

“El reclutamiento forzado, el uso, la utilización de menores de edad por las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo es el pan de cada día en el Sur de Córdoba. En abril de 2021 la defensoría del pueblo emitió el informe nacional: “reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en Colombia”. En dicho informe reporta en el departamento de córdoba el “mapa sobre riesgo por reclutamiento y utilización ilícita de NNAJ”. Las(os) menores de edad, especialmente en el sur de córdoba son el “caldo de cultivo” y los “conejillos de indias” de las denominadas “organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”, que en nuestro departamento tienen control totalitario mediante las autodenominadas: Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC, con su 2 bloques y 5 frentes que hacen fuerte presencia en el departamento. Las acciones / actividades realizadas por el estado siguen siendo infructuosas, débiles e incapaces de controlar y/o conjurar este tipo de accionar en contra de los NNAJ”36

La denuncia de GERADO JUMÍ, Secretario General de la ONIC señala que “Al menos treinta niños indígenas del Chocó se han suicidado para evitar ser reclutados por grupos armados. El suicidio se convirtió en un método de protección para los niños, niñas y adolescentes indígenas que, no quieren hacer parte de las filas de los grupos armados ilegales… Le hacemos un llamado a la guerrilla del ELN y a las disidencias de las Farc y a cualquier otro grupo armado cómo las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), para que apliquen el Derecho Internacional Humanitario que significa no involucrar a la población en actos de confrontación militar y en actividad bélicas que lleven a cabo estos grupos armados. los suicidios de los niños indígenas no ocurren solo en el Chocó sino también en Antioquia, Nariño y Cauca.”37

Muy grave el incremento de casos de explotación, trabajo infantil, tráfico, trata, explotación y esclavitud sexuales con impactos irreversibles sobre su personalidad, sus familias y comunidades.

La Delegación Asturiana recibió denuncias de estos casos en las zonas del Catatumbo y en la Bota Caucana, sobre todo en los laboratorios del narcotráfico y en las zonas de minería, afectando a menores provenientes de Venezuela y a niñas-os de Colombia pertenecientes a comunidades marginadas urbanas, campesinas, pueblos indígenas y comunidades negras.

Hay un incremento alarmante del número de madres menores de 14 años en todo el país, asociado a violencia, abusos sexuales y carencias en los ámbitos familiar y educativo.

6-. Impunidad
La impunidad estructural continúa y se agrava con las denuncias de las organizaciones de derechos humanos que señalan que el Fiscal General FRANCISCO BARBOSA es una ficha del presidente de la República, por lo que ese sector de la justicia habría perdido su independencia, afectando al Estado de Derecho y ampliando la impunidad, lo que vendría a explicar el sesgo de la investigación contra el expresidente Uribe Vélez por fraude procesal-compra de testigos, en el que la fiscalía pidió el archivo de la causa, lo que fue negado en abril del 2022 por una juez.
La prensa también reseñó el hecho: “Un abogado cercano a Duque es elegido fiscal de Colombia. Francisco Barbosa, compañero de universidad del mandatario, ha sido consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales.”38
Un golpe a los derechos de las víctimas es la decisión tomada por el fiscal de la Corte Penal Internacional de cerrar la investigación preliminar contra Colombia por delitos graves que estaba abierta desde el 2004 por crímenes de lesa humanidad. Esta decisión se basa en el supuesto de que en Colombia la justicia está funcionando, lo que desconoce la impunidad reinante por la falta de investigación que determine las responsabilidades por miles de crímenes que son competencia de la CPI.

Otro golpe de la impunidad contra los derechos del país a conocer la verdad y de las víctimas de acceder a la justicia es la extradición, el 4 de mayo/2 a Estados Unidos, del jefe paramilitar DAIRO UZUGA DAVID, alias Otoniel, quien estaba colaborando con la JEP entregando los nombres de personajes políticos, empresarios y altos mandos de la fuerza pública comprometidos con los carteles del narcotráfico, con paramilitarismo y con crímenes de lesa humanidad. Las víctimas se quedaron con la certeza de que lo enviaron a la justicia de EUA para que no cuente la verdad y para evitar que siguiera dando los nombres de la alianza entre agentes del Estado y organizaciones narco-terroristas en Colombia.

No coinciden, en el tema de impunidad, las valoraciones de la oficina de la ONU y la de las organizaciones sociales colombianas entrevistadas, para las cuales no hay voluntad en la justicia para investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos, en particular las amenazas de muerte y los asesinatos contra personas de la dirigencia social, habida cuenta de que sólo una sentencia por más de 140 asesinatos.

Para la ONU hay avances: “El ACNUDH valora los esfuerzos realizados por el sistema de justicia en las investigaciones de homicidios de personas defensoras, y toma nota que, de 145 casos
reportados por la Defensoría del Pueblo en 2021, hay 49 con avances investigativos,
incluyendo: una sentencia, 18 en juicio, 18 con orden de captura y 11 en investigación.
Destaca el apoyo de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía a los fiscales
regionales para fortalecer su capacidad en la toma de acciones urgentes para la investigación
de casos emblemáticos, como la muerte de Lucas Villa en mayo (Pereira) y Esteban
Mosquera en agosto (Popayán), quienes ejercían un liderazgo estudiantil y promovían el
involucramiento de la juventud en el ejercicio de la manifestación pacífica. Se destaca el
esfuerzo de investigar las amenazas y agresiones a través de la adopción en abril de la
Resolución 0775 de la Fiscalía para la consolidación de un grupo de trabajo que priorice la
respuesta inmediata ante amenazas contra personas defensoras. Sin embargo, persisten retos
importantes para avanzar en las investigaciones, particularmente en el ámbito rural, derivados
del miedo de las personas a denunciar, la dificultad de acceso por parte del Instituto de
Medicina Legal y del Cuerpo Técnico de Investigación, las condiciones de inseguridad y la
insuficiencia de personal de la Fiscalía. El ACNUDH reitera la necesidad de identificar a los
autores intelectuales y avanzar en la adopción de una política pública de desmantelamiento
de organizaciones criminales, con participación de la sociedad civil.”39
La fiscalía es negligente en la investigación de los ataques contra la dirigencia social a la que estaría más interesada en perseguir. “Igualmente se continúan registrando las detenciones motivadas políticamente, los montajes y falsos positivos judiciales contra personas que ejercen liderazgo social y contra quienes participan de jornadas de protesta en defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz, frente a lo cual exigimos respeto al debido proceso y libertad inmediata de las personas que han sido judicializadas por ejercer su derecho a la protesta pacífica.”40

7-. Pueblos indígenas
La exclusión, la ausencia de inversión social del Estado es responsable de la violación de derechos fundamentales de los pueblos indígenas y es un factor decisivo que los pone al borde de la extinción física y cultural, junto con la ocupación violenta y la devastación de sus territorios por multinacionales mineras y del narcotráfico.

El gobierno colombiano continúa violando la Constitución Política y los mandatos de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le obligan a proteger de manera efectiva de la extinción a los pueblos indígenas.
Hay pueblos indígenas como el kogui del Chocó que denuncian no tener acceso a un despacho público en el que poder registrar el nacimiento de sus hijos. Muchos indígenas en otros territorios de Colombia no tienen existen para el Estado, pues no tienen un documento de identidad.

La falta de acceso a la salud, la educación, el agua potable y la alimentación es común en los pueblos embera y barí, y en otros como los Awá, Bora, Embera Katío, Eyábida, Dovida, Eperara-Siapidara, Hitnü, Jiw, Kogui, Koreguaje, Miraña, Murui- Muina/Uitoto, Wayúu y Wounaan, según la ACNUR.

En los departamentos del Chocó y de Córdoba la niñez de los pueblos embera y zenú está afectada por la desnutrición y presenta altas tasas de mortalidad por enfermedades respiratorias y digestivas.

Centenares de niños indígenas están siendo reclutados de manera forzada por los grupos armados narco paramilitares e insurgentes, sin que las autoridades lo impidan. Queda en manos de las organizaciones indígenas y de sus familias rescatarlos, exponiéndose a represalias graves.

El pueblo indígena barí denuncia estar arrinconado por la pérdida violenta de sus territorios ancestrales, proceso de despojo que lleva siglos y que se agravó con la llegada de empresas petroleras y con los carteles del narcotráfico que talan la selva para sembrar cultivos de coca. No tienen un puesto de salud ni una escuela en condiciones. Hay paludismo, tuberculosis, neumonía, y otras enfermedades que afectan de manera especial a la niñez y a las personas mayores.

El incumplimiento del Acuerdo de Paz afecta a los barí que denuncian el incremento del área sembrada de cultivos de uso ilegal y la ausencia de proyectos productivos de sustitución, agravado por la falta de ampliación y saneamiento del resguardo indígena barí. Su territorio está intervenido por los grupos armados como el Frente 33 de las Disidencias de las FARC, el ELN, el EPL, Las BACRIM, los paramilitares del narcotráfico en alianza con la fuerza pública, ejército y policía. Según las denuncias recibidas todos se mueven por el interés en el petróleo, la coca, el carbón, las tierras, la madera, y por controlar la zona de la frontera con Venezuela y los negocios ilegales de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.

El pueblo barí padece las consecuencias del conflicto armado dentro de su territorio. Los barí de Venezuela están siendo reclutados por guerrillas y paramilitares colombianos violando su neutralidad en la guerra. Hay hostigamientos, bombardeos y combates. Hay muchos campos minados lo que afectan sobre todo a las mujeres que se encargan de recoger los alimentos en la selva y en las huertas. No pueden salir a recolectar por el miedo a las minas, les impiden buscar alimentos, no pueden salir a pescar ni visitar los sitios sagrados, hay comunidades confinadas, o sometidas a bloqueo alimentarios dentro de su territorio.

“Los barí somos un pueblo binacional. En Venezuela hay 49 comunidades barí, son más allá que aquí. Los barí de Venezuela llegan desplazados, pero el gobierno colombiano no los reconoce como indígenas, sino como inmigrantes, y no están censados, no tienen acceso a salud, ni a la educación. Otras personas de otros pueblos llegan a raspar coca, como los wayúu y los yukpas, que no tienen documento de identidad y corren el riesgo de ser declarados apátridas.”41

Las empresas mineras del carbón no cumplen con la consulta previa a los indígenas. Cuando el gobierno consulta lo hace con las juntas de acción comunal del campesinado, pero no a los pueblos indígenas, generando divisiones y enfrentamientos que son útiles para los propósitos de las empresas extractivas.

8-. Derechos Económicos, Sociales, Culturales, y Ambientales
La pobreza y la pobreza extrema en Colombia se agravaron con la falta de políticas públicas redistributivas, con la escalada del gasto militar y de la deuda externa, con el nuevo ciclo de violencia, con la pandemia y con el incremento del trabajo informal que cubre al 49% de la población ocupada.

El incremento de la desigualdad, el desempleo, la pobreza, la inflación, la falta de acceso a servicios esenciales por las privatizaciones y la carestía en los bienes básicos, están sumiendo a millones de personas en una situación desesperada, que ya dio un aviso durante el estallido social del 2021.

Colombia aparece en las previsiones de la FAO como un país con riesgo de hambruna en el mediano plazo. De hecho, ya se registran casos de muerte infantil por desnutrición en comunidades indígenas del Chocó y de La Guajira.

La pobreza tiene un alto componente racial y de género.





Conclusiones

En Colombia se agudizaron el conflicto social, el conflicto armado interno y las violaciones graves de los derechos humanos.

El gobierno colombiano está incumpliendo el Acuerdo de Paz que el Estado firmó con las FARC hace cinco años y está generando un nuevo ciclo de violencia contra la dirigencia social y contra las comunidades rurales.

La movilización social no encuentra cauces de diálogo ni soluciones, al optar el gobierno por la vía de la represión policial y judicial con saldo de graves violaciones de los derechos humanos.

Los cultivos de coca están expandiéndose con el paramilitarismo. El gobierno incumplió los planes de erradicación voluntaria y proyectos productivos de mediano y largo plazo

Con el narcotráfico crece la corrupción, la violencia, la impunidad y la pérdida de credibilidad de la población en las instituciones

Volvieron a Colombia las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores, las masacres y se agudizó la persecución a muerte contra la dirigencia social y contra las personas firmantes del Acuerdo de Paz.

Crece la deforestación de áreas de selva para la siembra de coca

No hay garantías para la oposición política.

No hay control sobre los recursos de la cooperación internacional destinados al desarrollo del Acuerdo de Paz

El nuevo ciclo de violencia es funcional a los planes de las multinacionales mineras y del narcotráfico, al someter a las poblaciones y aumentar el control armado sobre los territorios

Muchas organizaciones sociales han sido puestas al borde del exterminio por la persecución contra sus bases, activistas y dirigentes.

En todas las regiones visitas, sin excepción, recibimos denuncias de convivencia de la fuerza pública con los grupos dedicados al narcotráfico, y un agravamiento de las violencias contra las mujeres.

Deterioro del Estado de Derecho por la pérdida de independencia de los poderes públicos en favor del ejecutivo.

Graves intromisiones en asuntos internos de Colombia por agentes militares de los Estados Unidos con influencia sobre todo en las áreas de frontera con Venezuela

Los pueblos indígenas están siendo llevados al borde de la extinción.




Recomendaciones

Al gobierno de Colombia:

Acelerar el cumplimiento del Acuerdo de Paz con las FARC y facilitar un acuerdo humanitario con el ELN

Avanzar en la titulación de las tierras a las familias campesinas establecidas en áreas de colonización; cumplir los compromisos firmados con los pueblos indígenas y las comunidades negras en relación con la ampliación y saneamiento de los territorios ancestrales y colectivos

Desmantelar el paramilitarismo y sus redes de apoyo

Dotar de poder vinculante a las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo

Fortalecer la capacidad del Estado de intervenir en favor de las mujeres y de las niñas sometidas a violencias

Desmontar el ESMAD, reformar el ejército y la policía que, además, debe salir del Ministerio de Defensa para depender del Ministerio del Interior

Apoyar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición


A la Unión Europea:

Auditar los recursos de cooperación que aporta para el desarrollo del Acuerdo de Paz

Aplicar las cláusulas de Derechos Humanos contenidas en los acuerdos de comercio firmados con Colombia

Al gobierno de España y de Asturias

Incidir de manera efectiva en la búsqueda de diálogo y solución negociada al conflicto armado interno

Priorizar la cooperación con las organizaciones sociales para evitar que se extingan por miedo

Fortalecer el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia

Instituciones entrevistadas
Entrevista con la embajada de España
Entrevista con la Misión de Verificación de la ONU en Colombia
Acompañamiento y entrevista de la Misión de Apoyo a la Paz, MAP/OEA
Secretario Departamental de Víctimas del Norte de Santander
Comando de Policía Córdoba
Defensor del Pueblo en el Departamento de Córdoba
Secretaría de Interior y de Participación Ciudadana del Departamento de Córdoba
Oficina de paz de la Universidad de la Amazonía

ONU-DDHH Cúcuta

Secretario gobierno Municipio Tierralta


Organizaciones entrevistadas

ACAMURI, Asociación Campesina del Municipio de Riosucio
ACEU, Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios
ACOMPAZ
Alianza por la juventud de Sucre
AMAR, Amanecer de Mujeres de Arauca
Amigos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
ANDAS, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria
ANUC Ovejas. Asociación Nacional de Usuarios Campesinos
ANZORC, Asociación de Zonas de Reserva Campesina,
ASEDAR, Asociación de Educadores de Arauca
ASINTRACAMPIC, Asociación Municipal Campesina de Trabajadoras y Trabajadores de Piamonte, Cauca
ASOAGRA, Asociación de Agricultores de Granada, Meta
ASOAIBA. Asociación de Indígenas Ancestrales del Bajo Atrato
ASOCECA Riosucio
Asociación Campesina de la finca La Europa
Asociación de Desplazados del Catatumbo
Asociación de Mujeres Triunfadoras del Catatumbo
Asociación de Mujeres Víctimas de Tibú y La Gabarra
Asociación de productores de Piña de Piamonte
Asociación de Trabajadores Campesinos de Curillo
Asociación de Víctimas de la Unión Patriótica del Catatumbo
Asociación Indígena del Alto río Caquetá
Asocomunal Montelíbano
ASOCOMUNAL Piamonte
ASOJER, Asociación Juvenil y Estudiantil Regional
ASOJUNTAS Saravena, Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal
ASONALCA, Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro
ASONAM, Asociación Nacional de Mujeres
ASOVICHENGUE
Autoridades zenú San Andrés de Sotavento
Cabildo Cerro Grande de Puerto Guzmán
Cabildo Indígena Sindagua/Piamonte
CAJAR, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Casa de la Memoria el Ponche, Montes de María
Colectiva Pata Pelá
Colectivo de Defensa del Agua y de la Vida del área Andino-Amazónica
Colectivo de Defensores del Agua y del Territorio, Putumayo
Colectivo Inconformidad Juvenil
Comunidad de Paz de San José Apartadó
Comunidad embera dovida de Peña Blanca
Comunidad Galapa zenú MamaPacha
Comunidad Jagual de emberas dovida.
Comunidad Pichindé, embera dovida
Comunidad Quiparadó, embera dovida
Comunidades del pueblo indígena barí. Brubukanina, Chubakbarina, Asabarikaira, Yosa, Okbabuda,
Consejería Departamental de Juventud del Putumayo, representante
Consejo Comunitario Rincón del Mar Sucre
Consejo de Paz de Arauca
Consejo departamental de Paz. Sucre
Consejo Municipal de Juventud de Piamonte, representante
Coordinación de la Mesa de Víctimas de Arauca
Coordinación Guardia Campesina de Puerto Guzmán, Putumayo,
CORDOBERXIA.  Fundación Social Córdoba Controversial
CORDOSAC, Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá
Corporación Desarrollo y Paz Montes de María y Canal Dique
CPDH Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, seccionales Arauca, Córdoba, Sucre, Norte de Santander
CUT Arauca, Central Unitaria de Trabajadores
DANTA, Defensa del Agua, la Naturaleza, y el Territorio de Arauca
Derechos Humanos del pueblo nasa
ECAAAS, Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena
Federación de Juntas de Acción Comunal
FENSUAGRO, Federación Sindical Unitaria Agropecuaria
Finca la Europa, Montes de María. Ovejas/Sucre
Fondo Memoria, Tierralta
FORDH, Fundación Observatorio de los derechos Humanos de Arauca
FUNAVI, Fundación Nacional de Víctimas
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
Fundación Cordoberxia
Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra
Fundación Pro Mujer Araucana
Guardia indígena barí, Isthana Vadao Biyiyivay
Guardianes de la Naturaleza del pueblo indígena embera dóbida, Uramia
Instancia de Alto Nivel Desarrollo del Acuerdo de Paz en Territorios Indígenas
Intigrillos
Junta de Acción Comunal asentamiento El Paraíso, Tibú
JUSTAPAZ
Juventud independiente MJI Sincelejo
Juventud Indígena de Colombia JUVIC
Las Teresitas, Truandó medio.
Madres del Catatumbo
Marcha Patriótica baja bota Caucana y Putumayo
Mesa de Diálogo del Caguán y Sur del Meta
Mesa de Participación de Víctimas de Tibú
Mesa Departamental de Derechos Humanos, Defensa del Agua y del Territorio
Mesa Víctimas Tierralta
MOVICE San Onofre
MOVICE, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
Movimiento Social y Político de Masas del Nororiente
Nodo Red mujeres chocoanas
Observatorio DDHH Sur de Córdoba
ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia
OPIAC Derechos Humanos, Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana.
Pueblo indígena nasa
Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Diálogo de Convivencia por la Paz, DIACOMPAZ
Red de Derechos Humanos del Putumayo y Sucumbíos
Red de Mujeres de Córdoba
Red PROPAZ
Sembrando Paz. Sucre
SINDEAGRO, Sindicato de pequeños y medianos productores, agropecuarios del Departamento de Arauca
SINDEP, Sindicato de la Defensoría del Pueblo
Sindicato de Trabajadores de Obras Civiles y de la Construcción
URAMIA (guardianes/as del territorio embera dovida)
Vereda Porvenir
Veredas Consolata, Samaritana, Piamonte
Veredas Piamonte, Yacurá, Los Almendros, El Morro, Nueva Esperanza



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